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El objetivo es duplicar la cuota actual de transporte de mercancías   hasta alcanzar un 10%  destinando la inversión a infraestructuras, terminales, mejoras en la gestión de capacidad, impulso a las autopistas ferroviarias, digitalización y un programa de ayudas a empresas.

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La norma pretende  controlar el fenómeno de la “deslocalización administrativa” lo que coloquialmente se las ha denominado “empresas buzón”, para  beneficiarse de unos  menores costes laborales y fiscales que se disfrutan en dichos países pero que continúan operando,  de forma desleal y con total impunidad, en los mismos mercados occidentales donde actuaban con anterioridad.

 

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