Retrasos en la jubilación anticipada del transporte: Seguridad Social no cumple los plazos

A finales del mes de marzo,  principios de abril, la Administración debería haber dado un nuevo paso en el proceso para  anticipar la jubilación en las actividades con más bajas y siniestralidad, mediante la aplicación de unos coeficientes reductores.  Este proceso que  se firmó mediante un decreto aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2025,  y tras la presentación de las solicitudes por parte de los sindicatos y patronales del transporte,  la comisión que ha de estudiar cada solicitud se compuso, no sin cierto retraso,  finalmente en octubre del año pasado.

Esto significa que, con los plazos que marcaba el Boletín Oficial del Estado, la Seguridad Social ya debería haber respondido a las peticiones de la construcción y del transporte, pero aún no lo ha hecho. 

Transportes: entre los de mayor siniestralidad

Estos dos sectores son los que más siniestralidad sufren en la economía española. En 2025 acumularon 164 y 93 muertes en jornada respectivamente, el 44% del total aunque juntos solo emplean al 13% de los ocupados.

El decreto aprobado por el Ejecutivo en mayo del año pasado dice: “El plazo máximo para resolver el procedimiento previo [...] será de seis meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico accesible a través de la sede electrónica”. Precisamente ya hace un semestre desde que lo hicieron el transporte de mercancías ya, tal y como denunciaron los sindicatos en las últimas movilizaciones convocadas por este tema el pasado mes de marzo, el ministerio va más despacio de lo que marcan los tiempos preceptivos  ya que, según denunciaron entonces,  no había constancia de que el Gobierno hubiera  terminado ninguno de los informes que debe realizar antes de contestar a las  solicitudes presentadas por el sector.

Informe sobre morbilidad y mortalidad

Una vez iniciado el proceso de solicitud por  sindicatos y patronal, el siguiente paso corre a cuenta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social (DGOSS), que debe elaborar un informe  de morbilidad y mortalidad. Además, aunque en este caso con carácter no vinculante, a este informe también se suman los emitidos por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y (en el caso de los funcionarios, de  Inspección y Función Pública.

Con estos informes en la mano,  y en el plazo de un mes, entra en juego la Comisión de Evaluación, compuesta por 11 miembros, siete del Gobierno, dos de los sindicatos y dos de las patronales.

Y finalmente, le corresponde al Ministerio de Seguridad Social tomar la decisión final, se entiende que teniendo en cuenta la recomendación de esta comisión e Evaluación.

Trabajo de análisis "bastante complejo"

Desde la administración, concretamente desde el Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz, afirman que el trabajo está en fase de elaboración, una elaboración que al tratarse de la primera vez que se lleva a cabo requiere un de un trabajo de análisis bastante complejo.  Según Recoge El País, desde este departamento afirman que al tratarse de un colectivo muy amplio, “hay una enorme labor de recabar los datos, diseñar las bases de datos y delimitar con precisión el colectivo”,

Eso sí, una vez realizado ”servirá de referente para los que se hagan después desde DGOSS, por lo que se está dedicando un gran tiempo a fijar estándares”, señalan estas mismas fuentes  a El País.