Durante la VIII Edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial se habló del “agotamiento” que presentan las medidas que se han implementado durante la pasada década para hacer frente a los siniestros viales y sus consecuencias
El VIII Congreso Nacional de Seguridad Vial, celebrado esta semana en Valencia, ha reunido a una nutrida representación de especialistas en materia de infraestructuras con el objetivo de ofrecer soluciones e intercambiar experiencias y buenas prácticas que ayuden a seguir reduciendo los accidentes de circulación y que atenúen sus consecuencias con actuaciones en la propia carretera.
Mejorar la coordinación entre las administraciones, ofrecer información de calidad a los usuarios y, sobre todo, incrementar la inversión en mantenimiento son axiomas que ninguna administración responsable de gestionar las redes viarias debería pasar por alto. Algunos de los participantes en el Congreso han denunciado cómo el déficit de inversión asociado a la mejora de las infraestructuras está contribuyendo a incrementar los accidentes.
España ocupa la quinta posición en el ranking europeo en cuanto a tasa de víctimas mortales por millón de habitantes, muy por debajo de la media del resto de países de Europa (36 fallecidos por millón en el caso español frente a 52 fallecidos por millón de media en el conjunto del continente).
Sin embargo, el Presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, se refirió al “agotamiento” que presentan las medidas que se han implementado durante la pasada década para hacer frente a los siniestros viales y sus consecuencias. “La curva del descenso de la accidentalidad se ha convertido en una recta, situación ante la que debemos reaccionar con proactividad si queremos que las buenas noticias sigan presidiendo las estadísticas”, sentenció.
Pero hubo otras reivindicaciones durante el debate, tales como que las auditorías e inspecciones de seguridad vial que se realizan en las carreteras no pueden ser un “mero trámite”, sino que deben servir para priorizar las actuaciones; que en las travesías –en tanto que zonas de especial peligrosidad- conviene segregar espacios y eliminar espacios de coexistencia de tráficos distintos; o que es preciso huir de soluciones globales para implementar otras “a medida” de cada problema concreto.
Se reclamó, asimismo, la conveniencia de que las actuaciones orientadas a mejorar la seguridad vial sean consideradas como actuaciones urgentes o de emergencia, respondiendo, por tanto, a los protocolos de adjudicación y ejecución asociados a medidas de este tipo.
Las 15 medidas que el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó a comienzos de 2017 para reducir la accidentalidad y a las que la Dirección General de Tráfico ha dotado de carácter de urgencia; el Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat Valenciana, recientemente aprobado; las actuaciones para la mejora de la seguridad de los usuarios vulnerables que ha impulsado el Servei Català del Trànsit; la gestión integral de la seguridad vial puesta en marcha por la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana; el nuevo marco conceptual de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad de la Generalitat de Cataluña, con soluciones innovadoras como las secciones de carreteras 2+1; o el Plan Director de Seguridad Vial que el Ayuntamiento de Valencia está desarrollando son ejemplos del compromiso de las administraciones públicas en el marco de la “Visión Cero” expuestos durante los dos últimos días en el Congreso Nacional de Seguridad Vial.
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