editorial autonomos en ruta

La convocatoria de  elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de Noviembre, va a tener consecuencias  sobre el sector del transporte por carretera, con la paralización de algunas modificaciones normativas muy esperadas por el sector y que se hallaban en un estado muy avanzado de tramitación

El anuncio realizado por el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,  convocando elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de Noviembre,  ha sido, sin lugar a dudas, la noticia de mayor relevancia del pasado mes de octubre. Lo ha sido por  múltiples  razones que obviamente impactarán en el país. Pero también, a escala, va a tener, de hecho ya está teniendo consecuencias  sobre el sector del transporte por carretera, y más concretamente a través de algunas modificaciones normativas muy esperadas por el sector y que se hallaban en un estado muy avanzado de tramitación.

Jubilación anticipada conductores en vía muerta

En primer lugar, esta parálisis legislativa  va a retrasar (en el mejor de los casos porque de momento quedaría aparcada) la aprobación del régimen de coeficientes reductores para aquellas profesionales consideradas penosas o peligrosas, entre las que se encuentra el transporte por carretera  que deben aplicarse para la aplicación de la jubilación anticipada de los conductores profesionales, y transportistas autónomos.

La jubilación anticipada ha entrado en una “vía muerta”  de la que se sabe como se ha entrado (el Gobierno actual parece que quiere endosársela al que salga de las urnas), pero no cómo ni cuándo se puede salir de ella.

Se trata, sin duda, de una de las reivindicaciones solicitadas por el sector desde hace bastante tiempo,  cuya puesta en marcha no ha sido nada fácil : primero hubo que luchar contra la reticencia de Hacienda y Trabajo,  demostrar sin genero de dudas y con el apoyo de numerosos informes,  (tres concretamente emitidos por distintos organismos) que efectivamente estamos ante una profesión penosa y ciertamente peligrosa a ciertas edades, y por último, establecer el mecanismo de coeficientes reductores aplicables y la cotización adicional a abonar, momento en el cual nos encontrábamos.

Endosar la norma al nuevo Gobierno

Ahora, pese a la petición un poco a la desesperada de ERC al Ejecutivo para  que reactive la tramitación y apruebe la medida antes de la convocatoria electoral., lo cierto es que la jubilación anticipada ha entrado en una “vía muerta”  de la que se sabe como se ha entrado, pero no como ni cuando se puede salir de ella. Por lo pronto, con las elecciones del próximo 29 de noviembre, no acabará la espera; más bien comienza a contar desde entonces el tiempo con la constitución de un nuevo Gobierno (que tampoco parece que vaya a ser tarea fácil) y echar a andar la legislatura con un acumulado de temas de enrome calado, que mucho nos tememos van a tener prioridad.

La denuncia que ha hecho CCOO recientemente  acusando al Gobierno de pretender endosar el procedimiento al nuevo Gobierno”,  no va desencaminada.  De hecho, según CCOO el nuevo Gobierno podría incluso considerar que se han desestimado por ausencia de resolución expresa dentro del plazo de seis meses que marca el art. 22.2 del RD 402/2025.  Veremos a ver como acaba, pero de no conseguir avanzar a la siguiente (y casi definitiva pantalla) antes de las elecciones, la aprobación de la jubilación anticipada para los conductores profesionales y autónomos transportistas corre serio peligro.

Proyecto ley cláusula de indexación carburantes

Obviamente no es la única cuestión que va a sufrir el “sueño electoral”. Ahí están otras cuestiones como el Decreto sobre el control de la jornada laboral una norma que pretendía obligar a las empresas transportistas a implantar un segundo sistema de registro de jornada adicional al tacógrafo, el Proyecto de Ley sobre la cláusula de indexación del precio de los carburantes, por no hablar de la ya tradicional incertidumbre sobre el régimen fiscal de módulos para 2027, que Para que pueda prorrogarse de cara al año 2027, es imprescindible la aprobación de una norma con rango de ley antes del próximo 31 de diciembre. Con unas Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, los plazos legales quedan seriamente comprometidos.

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