Las empresas de transporte de obras y excavación alertan del riesgo de cierre y ERTE por el fuerte incremento del gasóleo y la imposibilidad de repercutir costes.
El sector del transporte de obras y excavación atraviesa una situación límite como consecuencia del fuerte incremento del precio del gasóleo derivado de la inestabilidad internacional y del conflicto en Oriente Medio. Eso es al menos lo que denuncian desde La Asociación de Excavadores y Movimiento de Tierras de la Comunidad de Madrid (AMAEXCO), que advierte de que las empresas sufren un “deterioro acelerado de su rentabilidad” y alertan del “riesgo de cierre de actividad y destrucción de empleo si no se adoptan medidas urgentes”.
Así lo reflejan los resultados de una encuesta realizada por la asociación sectorial AMAEXCO entre cerca de 250 empresas de 16 comunidades autónomas, que dibuja un escenario de “alerta máxima” para una actividad considerada estratégica para la construcción y la obra pública.
Incrementos en combustibles de la maquinaria
Según los datos recopilados, las compañías del sector consumen más de 8,8 millones de litros de gasóleo al mes, lo que representa un coste anual superior a los 160 millones de euros. En este contexto, el 84% de las empresas asegura haber sufrido incrementos del combustible superiores al 35% en la maquinaria utilizada para excavación, movimiento de tierras y transporte de materiales.
El principal problema para el sector radica en la imposibilidad de repercutir estos sobrecostes a sus clientes. El 63% de las empresas reconoce que no ha podido trasladar ningún incremento de costes derivado de la escalada energética, lo que obliga a muchas compañías a asumir directamente el impacto sobre sus márgenes.
A ello se suma que casi la mitad de las empresas contratistas para las que trabajan —un 47%— se han negado a renegociar contratos previamente firmados pese al cambio radical de las condiciones económicas.
Riesgo de cierres y reducción de flotas
La presión sobre la rentabilidad está llevando a numerosas empresas a plantearse recortes drásticos. La encuesta señala que una de cada tres compañías ya estudia reducir su flota o cesar definitivamente su actividad, mientras que el 21% está valorando o tramitando expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), con el consiguiente impacto sobre miles de puestos de trabajo.
Otro de los factores que agravan la situación es el acceso limitado a las bonificaciones sobre el combustible. El 48% de las empresas encuestadas asegura no poder beneficiarse de la devolución parcial del Impuesto de Hidrocarburos debido a las particularidades de la maquinaria empleada en este tipo de actividad.
Revisión de precios en contratos de obra pública
Ante este escenario, el sector reclama al Gobierno un paquete urgente de medidas que incluya mecanismos obligatorios de revisión extraordinaria de precios en contratos de obra pública, ayudas directas al combustible y la ampliación de las bonificaciones fiscales para toda la maquinaria utilizada por empresas subcontratistas.
Las empresas advierten de que, sin medidas inmediatas, el deterioro económico podría traducirse en un cese masivo de actividad en un segmento clave para el desarrollo de infraestructuras y proyectos de construcción en España
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