Los cargadores no quieren pagar el sobrecoste de descarbonizar el transporte por carretera

La falta de disposición de los clientes a pagar más por un transporte con menores emisiones y el elevado precio de los vehículos están frenando la descarbonización del transporte de mercancías por carretera. Así lo refleja la encuesta Green Compact 2026, elaborada por la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) y Trimble, que analiza las medidas adoptadas por los operadores, sus prioridades de inversión y los obstáculos que encuentran para reducir sus emisiones.

El 70% de los operadores de Europa occidental y el 71% de los de Europa oriental afirman que sus clientes no están dispuestos a pagar el sobrecoste de un transporte más ecológico.

La situación supone un freno para un sector que debe afrontar inversiones cada vez mayores sin garantías de poder trasladar esos costes a sus clientes. Según el secretario general de IRU, Habib Turki, la siguiente fase de la descarbonización exige un esfuerzo inversor que los transportistas no pueden asumir en solitario, especialmente cuando los cargadores no están dispuestos o no pueden pagar más por estos servicios.

El precio de los camiones eléctricos, principal barrera

El coste de las soluciones de descarbonización ha ganado peso respecto a la encuesta de 2025. En Europa occidental, el 64% de los operadores considera que estas soluciones son demasiado caras, un porcentaje que alcanza el 62% en Europa oriental.

El cambio resulta especialmente significativo en el caso de los vehículos de combustibles alternativos. Mientras que el año pasado la falta de infraestructura de recarga y repostaje era el principal obstáculo, en 2026 el precio de los vehículos ha pasado a ocupar el primer puesto en las dos regiones europeas analizadas.

En Europa occidental, el 66% de los operadores señala el coste de los vehículos como una barrera, frente al 49% de 2025. En Europa oriental, el porcentaje ha aumentado del 52% al 78%.

La diferencia de precio entre las tecnologías sigue siendo considerable. Según los datos recogidos por el informe, un camión eléctrico puede costar entre dos y tres veces más que un modelo diésel equivalente, una inversión difícil de amortizar para empresas que operan con márgenes reducidos y tienen escasa capacidad para repercutir el sobrecoste.

Los transportistas avanzan, pero priorizan las medidas rentables

Pese a las dificultades, la mayoría de los operadores ya está aplicando medidas para reducir las emisiones. En Europa occidental, el 90% afirma haber puesto en marcha al menos una iniciativa de este tipo. En Europa oriental, el porcentaje se sitúa en el 87%

Las actuaciones más habituales son aquellas que permiten reducir el consumo de combustible y los costes operativos sin exigir grandes inversiones iniciales. Entre ellas destacan la optimización de rutas, implantada por el 53% de los operadores de Europa occidental y el 62% de los de Europa oriental, y la formación en conducción eficiente, utilizada por el 42% en ambas regiones.

Los resultados apuntan a una transición que avanza principalmente cuando las actuaciones tienen un retorno económico identificable, mientras que las inversiones con mayores costes y plazos de amortización encuentran más dificultades.

Los incentivos económicos pesan más que la regulación

La disposición de los clientes a pagar una tarifa superior por servicios con menos emisiones aparece como uno de los principales factores capaces de acelerar el cambio. En Europa occidental, el 37% de los operadores considera que una prima de precio por parte de los clientes impulsaría significativamente la reducción de emisiones. Los incentivos fiscales, citados por el 32%, y las subvenciones, por el 31%, ocupan las siguientes posiciones.

La legislación, en cambio, es señalada por el 22% como un factor decisivo. En Europa oriental, los transportistas también valoran las primas de precio de los clientes, mientras que los contratos de mayor duración pueden contribuir a dar estabilidad a las inversiones.

Para IRU, las exigencias regulatorias no bastan por sí solas para impulsar la transición. La organización reclama vehículos más asequibles, acceso a energía e infraestructuras adecuadas e incentivos económicos que tengan en cuenta la realidad financiera de las empresas de transporte.