El Plan Social para el Clima prevé ayudas para pequeñas empresas de transporte con subvenciones para vehículos eléctricos pesados, renting, leasing e infraestructura de recarga.
El Gobierno ha sacado a audiencia pública el futuro Plan Social para el Clima, una iniciativa que contempla una partida de 846,2 millones de euros destinada a facilitar la descarbonización de las flotas de las microempresas de transporte por carretera. El programa, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, prevé ayudas para achatarramiento de vehículos antiguos, compra de unidades cero emisiones e instalación de infraestructura de recarga.
Renovación flotas en pequeñas empresas
La medida está dirigida a empresas consideradas vulnerables, con hasta 10 empleados y una facturación anual máxima de dos millones de euros. El objetivo es acelerar la renovación de flotas en segmentos especialmente afectados por el incremento de costes operativos y por las futuras exigencias medioambientales europeas.
Según recoge el borrador del Plan Social para el Clima, el paquete específico para transporte por carretera —denominado Medida 6 (C2.M6)— se desarrollará entre 2027 y 2032 mediante cinco programas de ayudas. Aunque el documento no detalla todavía el reparto presupuestario de cada línea, sí concreta que las subvenciones se centrarán en vehículos M2 y M3, destinados al transporte de viajeros, y N2 y N3, correspondientes al transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas.
Ayudas ligadas al sobrecoste del vehículo eléctrico
Uno de los elementos más relevantes del borrador es el planteamiento de subvencionar la diferencia de precio entre un vehículo industrial eléctrico y su equivalente diésel. El Ejecutivo reconoce en el documento que el elevado coste de adquisición continúa siendo la principal barrera para las pequeñas empresas de transporte.
En este sentido, el texto cifra en torno a 150.000 euros la diferencia de precio en autobuses eléctricos frente a versiones de combustión, mientras que en el caso de los camiones la brecha puede alcanzar los 300.000 euros. La intención del Ministerio es cubrir una parte sustancial de ese diferencial mediante ayudas públicas.
Además de la compra directa, el esquema incluirá operaciones de renting y leasing, modalidades cada vez más utilizadas por las pequeñas flotas para reducir riesgos financieros y facilitar la renovación tecnológica.
El documento señala expresamente que “financiar un gran porcentaje de los costes subvencionables es la única manera real” de lograr una implantación efectiva de vehículos pesados cero emisiones entre las microempresas del sector.
Achatarramiento e infraestructura de recarga
El programa también contempla incentivos para retirar vehículos antiguos y sustituirlos por unidades de cero emisiones, una medida alineada con los objetivos europeos de reducción de CO₂ en el transporte pesado.
Junto a ello, el Plan prevé apoyar la implantación de puntos de recarga, uno de los principales retos para la electrificación del transporte profesional, especialmente en bases logísticas y centros operativos de pequeñas empresas.
Aunque todavía no se han publicado las cuantías definitivas ni los requisitos técnicos de acceso, el Gobierno anticipa que las convocatorias incluirán tablas con importes máximos por categoría y tecnología de vehículo.
Más de 4.300 millones para movilidad sostenible
El paquete de ayudas forma parte del Plan Social para el Clima cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. En total, el programa movilizará inversiones entre 2026 y 2032 por valor de 4.376 millones de euros en transporte y 4.723 millones en rehabilitación energética de edificios.
El Ejecutivo defiende que estas medidas permitirán reducir la dependencia de los combustibles fósiles y reforzar la resiliencia económica del tejido empresarial frente a la volatilidad energética.
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