La Justicia tumba sanciones de la DGT por fotografías “manifiestamente defectuosa” de radares

La Justicia vuelve a poner el foco sobre el sistema de sanciones automatizadas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Una reciente sentencia de la Sección 19 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha anulado una multa de radar impuesta a un conductor por considerar que las pruebas aportadas por la Administración eran insuficientes y de una calidad “manifiestamente defectuosa”.

El caso, defendido por la organización especializada en defensa jurídica de conductores Dvuelta, afecta a una sanción de 300 euros y la retirada de dos puntos por una supuesta infracción de velocidad: circular a 135 km/h en un tramo limitado a 100 km/h.

Sin embargo, más allá de la anulación concreta de la multa, lo relevante del fallo judicial es la dureza con la que la magistrada cuestiona el modo habitual en que la DGT tramita este tipo de expedientes sancionadores.

“Impresentables fotografías”

La sentencia considera que las imágenes aportadas por el radar no permiten identificar con claridad el vehículo denunciado y critica expresamente la calidad de las pruebas gráficas incorporadas al expediente administrativo.

La magistrada llega a calificar las imágenes de “impresentables fotografías aportadas en el expediente administrativo”, subrayando que resultan “manifiestamente defectuosas”.

Además, el fallo sostiene que la Administración actuó con una “más que defectuosa actuación”, al no disponer de una prueba “adecuada y suficiente” para acreditar, “fuera de toda duda razonable”, la velocidad atribuida al conductor sancionado.

La automatización de sanciones, bajo revisión

La resolución judicial pone sobre la mesa un debate creciente en el sector del transporte y entre asociaciones de automovilistas: la fiabilidad de los sistemas automatizados de control de velocidad y la calidad de las pruebas generadas por cinemómetros sin operador presencial.

La Orden ITC/155/2020 establece que este tipo de radares debe aportar al menos dos imágenes tomadas en instantes diferentes —una panorámica y otra de detalle de matrícula— para garantizar la correcta identificación del vehículo infractor.

Según la sentencia, en este caso las fotografías no cumplían esos requisitos mínimos y “nada en absoluto se puede concluir” de las imágenes aportadas.

Un patrón que podría afectar a miles de expedientes

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que la magistrada reconoce expresamente que no se trata de un caso aislado. La sentencia indica que reproduce argumentos ya utilizados en procedimientos similares, lo que apunta a un patrón repetido en la tramitación de sanciones de velocidad.

Desde el ámbito jurídico especializado en tráfico consideran que muchas multas podrían estar sustentadas en pruebas gráficas insuficientes, especialmente en expedientes gestionados de forma masiva mediante sistemas automatizados.

Para el sector del transporte profesional, especialmente sensible a las pérdidas de puntos y al impacto económico de las sanciones, este tipo de resoluciones judiciales abre la puerta a una revisión más exhaustiva de las pruebas aportadas por la Administración.

La presunción de veracidad no basta

El fallo también lanza un mensaje relevante sobre los límites de la presunción de veracidad de la Administración. La jueza rechaza validar automáticamente la denuncia formulada por Tráfico cuando las pruebas técnicas no permiten acreditar de forma inequívoca la infracción.

La sentencia concluye que sancionar sin pruebas gráficas suficientes resulta “insostenible en un Estado Social y Democrático de Derecho”, al tiempo que recuerda la importancia de proteger tanto las garantías jurídicas de los conductores como la seguridad vial.