El departamento que dirige Iñigo de la Serna, obligado por las cláusulas de responsabilidad patrimonial incluidas en los contratos por los que adjudicaron esta autopistas de peaje a diversas concesionarias, garantizará así, con un coste estimado para las arcas públicas de unos 2.000 millones de euros, la prestación del servicio y la
subrogación de todo el personal de estas carreteras, cerca de 700
personas, en las mismas condiciones que en la actualidad. En el caso de la R-4, Fomento tomará el relevo de la actual concesionaria de la autopista, una sociedad participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank, declarada en liquidación con una deuda de 530 millones de euros.
En la actualidad hay ocho concesiones de autopistas de peaje que se encuentran en diversas fases de este proceso que culminará, previsiblemente, con dicha reversión. Se trata de la Radial 2, Radial 3 y 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña –La Roda), AP-7 Circunvalación de Alicante y AP-7 Cartagena – Vera.
Por otro lado, cabe destacar que la AP-41, entre Madrid y Toledo, se encuentra en estos momentos en concurso de acreedores, no habiendo entrado en fase de liquidación, en la que sí se encuentran las demás autopistas mencionadas anteriormente.
Para poder continuar con la prestación del servicio de estas autopistas, el Consejo de Ministros aprobó un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y SEITTSA (publicado en el BOE el 25 de agosto de 2017), para que ésta última se pudiera hacer cargo de su
gestión.
El Ministerio de Fomento tiene previsto relicitar las ocho concesiones actuales en dos contratos, separando, por un lado, las autopistas del entorno de Madrid en un contrato (R-2, R-3/R-5, R-4, Eje Aeropuerto (M-12), Madrid-Toledo (AP-41) y Ocaña-La Roda (AP-36) y las dos de la AP-7 en otro contrato (Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera).
El objetivo del Ministerio de Fomento es licitar y adjudicar estas autopistas durante el ejercicio 2018. A dichos concursos se podrán presentar todos aquellos actores interesados que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos, entre ellos, el de solvencia económica.
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