El Comité Nacional de Transporte presenta una querella criminal por los peajes a camiones en Guipúzcoa

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La querella va dirigida contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide Iruretagoiena y la empresa pública concesionaria  BIDEGI SA

 

El Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha cumplido con sus amenazas y  acaba de interponer una  querella criminal ante los Juzgados de Donostia/San Sebastián contra la Diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide Iruretagoiena y la empresa pública BIDEGI SA, por hechos que pueden ser constitutivos de delito.

El CNTC basa  su querella en que a Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, por medio de la empresa pública BIDEGI SA, “sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, cuando tiene pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -supremo órgano judicial de Euskadi-, la declaró nula y qué dicha resolución es firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable”.

Además, señala directamente  a la  titular de la Diputación Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, como causante principal de  esta querella a la que acusa de  “comportamiento contumaz”  al negarse  “desde un primer momento a escuchar las razones del sector sin que, posteriormente, a pesar de las reiteradas resoluciones judiciales en su contra, haya cambiado de política” . “Ahora-mantiene el órgano de representación del transporte-prefiere atropellar a todo un sector de transporte pasando por encima de las decisiones de los Tribunales, todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien simplemente defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas”.

El  Comité Nacional  admite que “no le queda otra opción que seguir defendiendo los derechos de sus representados acudiendo nuevamente a los Tribunales, para solicitar amparo ante la sinrazón, reclamando el imperio de la ley y del Derecho”.

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