El Defensor del Pueblo se pronuncia en contra de la polémica Orden sobre las ITV

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La Orden aprobada el pasado mes de Mayo, que ya fue paralizada por el tribunal Supremo,  para solucionar el colapso en la revisión de las ITV como consecuencia de su cierre durante el estado de alarma 

La polémica Orden Ministerial que el Ministerio de Industria dictó durante el estado de alarma de los pasados meses de marzo y abril,   sigue trayendo cola.  Aunque el Tribunal Supremo paralizó temporalmente su aplicación desde el pasado mes de Octubre, el Ministerio de Industria ha rechazado su supresión, lo que ha sido objeto de nueva crítica por el Defensor del Pueblo, que ha  vuelto a criticar  esta medida en una nueva  Resolución contra el Ministerio de Industria y su  polémica Orden Ministerial del pasado mes de Mayo por la que estableció el calendario para que pudieran pasar la revisión los casi seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de inspección técnica durante el estado de alarma.

La Orden aprobada por el Ministerio de Industria planteó un calendario flexible para poder pasar la revisión técnica en los siguientes meses a todos los vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el estado de alarma para evitar de este modo que se colapsaran. Sin embargo, la misma Orden incluyó  una disposición por la que cual, al pasar los vehículos la revisión se les pone en su ficha técnica, no la fecha del día que acuden a la ITV, sino la de la fecha en que les caducó durante el estado de alarma, recortando de modo sustancial la vigencia periódica para pasar la siguiente, sin haber ningún motivo técnico o de seguridad que lo justifique. Este“recorte” es especialmente grave en vehículos industriales,  que están obligados a pasar la ITV cada seis meses, lo que dio lugar a que en muchos casos, estuvieran obligados a pasar  casi simultáneamente, o con apenas uno o dos meses de diferencia,  la siguiente ITV.

Contra esta Orden, además del sector en su conjunto, se han  posicionado tanto el Defensor del Pueblo como el propio Tribunal Supremo,  que ya dicto una Resolución que paralizó temporalmente su aplicación,  sin que se haya procedido a actualizar la fecha de revisión de  los cerca de 4 millones de vehículos  que hasta esa fecha habían pasado la ITV.

No mejora la seguridad vial

Ahora, el Defensor del Pueblo ha dictado una nueva Resolución en la que critica abiertamente la actitud del Ministerio de Industria al posicionarse claramente a favor de las concesionarias de la ITV, manifestando lo en los siguientes términos: “Quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general. Dice esa Administración que hay seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV. Pues bien, detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica” para añadir a continuación que “ese supuesto “equilibro beneficioso a largo plazo (refiriéndose a las inspecciones futuras) no compensa el sacrificio singular de cientos de miles de afectados que son obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva”.

Además el Defensor del Pueblo reitera que detrás de esta norma no hay ninguna protección de la seguridad vial, sino ser otros intereses los que se pretende perseguir: “Esa Administración trata de vincular el acortamiento artificial del plazo de vigencia de las inspeccione técnicas de vehículos con la mejora de la seguridad vial, lo cual no puede ser compartido por esta institución, puesto que la seguridad vial ya parece estar suficientemente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones, sin que se aprecie conexión (por innecesario) entre el acortamiento del plazo de vigencia de las inspecciones y la mejora de la seguridad vial.”

Por ello, la Recomendación concluye señalando lo siguiente: “Por las razones apuntadas, el Defensor del Pueblo considera que es una actuación claramente inadecuada por desproporcionad, y dado que ha sido rechazada la Recomendación efectuada y que la Administración insiste en mantener su postura sin atender a las razones puestas de manifiesto por esta institución, se incluirá una mención a este asunto en el próximo informe anual a las Cortes Generales”.

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