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En su lugar facultará a las Comunidades Autónomas a establecer un recargo sobre el impuesto de hidrocarburos.

El Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley General de Presupuestos para 2012 una disposición final mediante la cual a partir del 1 de Enero de 2013 se deroga el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (coloquialmente denominado “céntimo sanitario”).  Junto a lo anterior, la propia Ley de Presupuestos faculta a las Comunidades Autónomas para que establezcan un recargo sobre el actual impuesto de hidrocarburos.

El céntimo sanitario, en vigor desde Enero del 2002 grava el consumo de carburantes (gasolinas o gasóleos) con un sobrecargo en toda España (a excepción de Canarias) de 2’4 céntimos (4 pesetas) en cada litro consumido tanto por los consumidores profesionales (transportistas y taxistas principalmente) como por los restantes consumidores particulares. Asimismo en 10 Comunidades Autónomas, en concreto Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-León y Cataluña (y próximamente Baleares  y Cantabria), aplicando un recargo superior que alcanza hasta los 4’8 céntimos de euro (8 pesetas) por litro.

La Comisión Europea mediante dictamen motivado el año 2008 instaba al Gobierno español a que modificara la legislación española por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, amenazando con presentar la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo, si no corregía dicha situación ilegal.

Dicha decisión de la Comisión Europea contra el Gobierno español, no había sido ejecutada por el Gobierno español hasta la fecha, por lo que de dictarse una previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en la actualidad está conociendo del asunto, podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado en los últimos años por este impuesto, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas superior a los 5000 millones de euros, lo que aconsejaba derogar la aplicación de dicho impuesto, a fin de no agravar la precaria situación financiera de la Hacienda española.

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