Ultimátum de Europa: España debe subir el impuesto al diésel antes del 31 de agosto

La Comisión Europea ha dado un nuevo plazo a España para cumplir uno de los compromisos pendientes del Plan de Recuperación: aprobar la reforma de la fiscalidad del diésel antes del próximo 31 de agosto. De no hacerlo, el Gobierno perdería la posibilidad de desbloquear los 475,3 millones de euros que permanecen retenidos del quinto desembolso de los fondos NextGenerationEU.

Bruselas considera que España no ha cumplido el denominado hito 388, que contemplaba la entrada en vigor de varias medidas de fiscalidad medioambiental, entre ellas el incremento de la tributación del gasóleo. Según la evaluación de la Comisión, sin esta reforma el Estado no alcanza el objetivo comprometido de aumentar de forma permanente los ingresos públicos en un 0,3 % del PIB.

La cuantía retenida supone prácticamente la totalidad de los cerca de 500 millones de euros suspendidos del quinto pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. De esa cantidad, 475,3 millones dependen directamente de la reforma del diésel, mientras que el resto estaba vinculado a actuaciones de digitalización de las administraciones públicas que ya habrían sido ejecutadas.

Falta de apoyos parlamentarios

El Ejecutivo ha intentado en varias ocasiones equiparar la fiscalidad del gasóleo con la de la gasolina, una medida que hasta ahora no ha conseguido sacar adelante por la ausencia de mayoría parlamentaria y por la oposición de diversos sectores económicos.

El calendario europeo deja ahora un margen muy reducido. Todas las reformas comprometidas dentro del Plan de Recuperación deberán estar aprobadas y en vigor antes del 31 de agosto de 2026, ya que las medidas adoptadas con posterioridad no podrán computar para liberar los fondos pendientes.

El transporte alerta del impacto sobre la competitividad

La posibilidad de que el Gobierno reactive la subida del impuesto al gasóleo ha vuelto a generar preocupación en el sector del transporte de mercancías por carretera. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) advierte de que incrementar la fiscalidad del combustible supondría un nuevo aumento de los costes para unas empresas que ya operan con márgenes muy ajustados.

La patronal recuerda que el sector lleva años soportando el incremento del precio de los carburantes, la subida de los costes laborales y financieros, mayores exigencias regulatorias y las inversiones necesarias para avanzar en la digitalización y la descarbonización de las flotas.

En este contexto, considera que un nuevo incremento fiscal terminaría trasladándose al conjunto de la cadena logística y, finalmente, al precio de los bienes y servicios que consumen empresas y ciudadanos.

Riesgo de desviar los repostajes fuera de España

La CETM sostiene además que la equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina podría producir un efecto contrario al esperado desde el punto de vista recaudatorio.

Según la organización, una subida de diez céntimos por litro reduciría el atractivo de España para el repostaje de las flotas internacionales, favoreciendo que los transportistas llenen sus depósitos en países vecinos. Esta circunstancia afectaría especialmente a las estaciones de servicio y a la actividad económica de las zonas fronterizas.

La Confederación también pone el foco en las empresas que operan con vehículos ligeros de hasta 7,5 toneladas, que no tienen acceso al sistema de devolución del gasóleo profesional. Estas compañías asumirían íntegramente el incremento de la carga fiscal, lo que repercutiría directamente en su tesorería y en sus costes de explotación.

La CETM reclama diálogo antes de modificar la fiscalidad

Aunque reconoce la obligación de España de cumplir los compromisos adquiridos con las instituciones europeas, la organización considera que el esfuerzo no puede recaer nuevamente sobre un sector estratégico para el abastecimiento del país.

Su presidente, Carmelo González, defiende que las empresas de transporte "no pueden ser el instrumento para compensar compromisos cuya carga debe repartirse de forma equilibrada entre todos los sectores afectados".

Por ello, la patronal reclama al Gobierno que cualquier reforma fiscal con incidencia en el transporte de mercancías por carretera se negocie previamente con el sector y vaya acompañada de una evaluación rigurosa de su impacto económico, con el objetivo de preservar la competitividad de las empresas y evitar un incremento generalizado de los costes logísticos en la economía española.