La Comisión Europea cuestiona a Portugal por negar el IVA de peajes al transporte español

La controversia que lleva tiempo sobre la mesa motivada por la negativa de la Administración Tributaria portuguesa  a devolver el IVA soportado por los transportistas españoles en los peajes de las autopistas portuguesas ha llegado hasta la Comisión Europea.  

Tras una consulta planteada por los transportistas españoles perjudicados, realizada por Fenadismer, para determinar la legalidad de la práctica aplicada por la Hacienda portuguesa,  la respuesta del Ejecutivo comunitario respalda la posición defendida por los transportistas y cuestiona la interpretación realizada por las autoridades fiscales del país vecino.

Exigencia de factura de la concesionaria

De acuerdo con el pronunciamiento europeo, aunque la Directiva 2008/9/CE establece la obligación de presentar facturas para solicitar la devolución del IVA soportado en otro Estado miembro, exigir específicamente una factura emitida por la concesionaria de la autopista resulta una medida "desproporcionada" cuando el solicitante puede acreditar la operación mediante los documentos emitidos por el operador de telepeaje y los correspondientes justificantes de pago.

La Comisión subraya además que no puede exigirse a una empresa un documento emitido por un tercero con el que no mantiene relación contractual alguna y cuya obtención no depende de su voluntad. Asimismo, considera que la denegación de la devolución del impuesto cuando existen pruebas suficientes de la operación puede vulnerar los principios de neutralidad fiscal y proporcionalidad recogidos en la normativa europea del IVA.

Fenadismer denuncia a Portugal

Ahora, la   Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha anunciado que iniciará un procedimiento de infracción ante las instituciones europeas contra Portugal por la negativa. 

Según denuncia la organización, las autoridades fiscales lusas están rechazando de forma sistemática las solicitudes de devolución presentadas por empresas españolas al exigir facturas emitidas directamente por las concesionarias de las autopistas, un requisito que el sector considera imposible de cumplir debido al funcionamiento habitual de los sistemas de telepeaje.

Esta federación explica que “los transportistas no mantienen ninguna relación contractual con las concesionarias de las infraestructuras viarias, ya que la contratación y el pago de los peajes se realiza a través de operadores e intermediarios de telepeaje que prestan servicio en España y en el resto de Europa”. Por ello, las empresas disponen de la documentación emitida por estos proveedores, pero no de facturas directas de las concesionarias.

Impacto económico para el transporte internacional

Desde la organización española  advierten de que esta situación está generando importantes perjuicios económicos para las empresas españolas que desarrollan actividad internacional en Portugal, al impedir la recuperación de un impuesto que consideran legítimamente deducible.

Además, sostienen que la documentación emitida por los proveedores de telepeaje “identifica de forma clara tanto la operación realizada como el destinatario del servicio y el IVA efectivamente soportado, por lo que cumple con los requisitos exigidos por la normativa comunitaria”.

En este contexto, la organización considera que la actuación de la Administración portuguesa responde a una estrategia de bloqueo que afecta directamente a la liquidez de las empresas transportistas y que carece de respaldo jurídico a la luz del criterio expresado por la Comisión Europea.