Que el dumping social es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector del transporte de mercancías por carretera, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, es algo que nadie pone en duda, salvo, claro está, aquellos que se benefician de él, que, todo hay que decirlo, cada vez son más las empresas que acuden a este tipo de prácticas.
Ahora, el Director General de Transportes, anuncia, o mejor dicho, deja entrever, que en breve van a poner en marcha un plan para atajar el fenómeno conocido como “empresas buzón”, aquellas empresas que establecen una filial ficticia, pues no tiene actividad, en países del Este como Rumanía o Bulgaria, para beneficiarse de unos costes salariales mucho más bajos que en nuestro país.
Por arrojar algo de luz sobre lo que supone para una empresa este tipo de prácticas, Guitrans, la asociación vasca de transportes cuantificaba en unos 130.000 euros el ahorro que una empresa con cinco camiones podía conseguir al año mediante este tipo de filiales en, por ejemplo, Rumanía.
Otro ejemplo nos llegaba recientemente desde Holanda, donde un juez de los Países Bajos ha condenado a la empresa de Transporte Trans Granja a que pague el mismo salario a los conductores de los camiones que tiene subcontratados esta empresa, a través de su filial en Polonia y de nacionalidad polaca, que a los conductores holandeses. En este caso, la diferencia para la empresa holandesa supone pagar lo que marca el convenio de Holanda CBA, que fija unos salarios de 13 euros por hora trabajada, o lo que pagaba a los conductores polacos, que eran 3 euros la hora.
A falta de que desde Fomento aclaren cuál es la línea de actuación que van a seguir, se pueden adelantar tres aspectos que deben ser controlados con muchísimo mayor celo si de verdad se quiere poner coto a este despropósito. Por un lado desde la Dirección General de Tráfico se deberían sistematizar las campañas de control sobre el Cabotaje, que actualmente está sirviendo de puerta de entrada para la realización de transporte nacional para muchas empresas radicadas en países del Este, así como de la labor de los conductores de terceros países, en muchas ocasiones obligados a trabajar en condiciones de semiesclavitud e infringiendo las normas europeas sobre tiempos de conducción y descanso. Se da la circunstancia, además, de que muchos de estos conductores son obligados a pagar de su propio bolsillo las sanciones que deberían recaer sobre la empresa que les obliga a incumplir la normativa.
Este incremento del control debe ir acompañado por la labor inspectora de la Agencia Tributaria hacia estas empresas que podrían estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales en otros países, pero desarrollando su actividad en el nuestro, lo que, obviamente, es ilegal, por no hablar de la dudosa ética de tales prácticas.
Por último, desde la Inspección de Trabajo habrá que perseguir aquellas situaciones, como la del caso de los conductores polacos que trabajan para la empresa holandesa a la que nos hemos referido al comienzo, que reciben un tratamiento laboral discriminatorio, con respecto a los conductores nacionales y no sujeto a ningún marco laboral o convenio colectivo por el que se rige este sector.
Aun así, no dudamos de que erradicar este tipo de prácticas empresariales será harto difícil, pues hay muchos aspectos cuyo control no es fácil de llevar a cabo. Pero lo cierto es que el esfuerzo es urgente y necesario, pues, el transporte nacional está viéndose seriamente amenazado, en especial la pequeña empresa y autónomos, con menor capacidad de negociación.
Espero como siempre vuestros comentarios.
Más sobre el dumping social.
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