La patronal del transporte reclama actuaciones permanentes y coordinadas entre los distintos organismos competentes en materia de transporte, fiscalidad, empleo y Seguridad Social”.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) denuncia que no, y ha vuelto a poner el foco sobre las denominadas falsas cooperativas de transporte, una práctica que, según la organización, “continúa generando importantes distorsiones en el mercado y perjudicando a las empresas y autónomos que operan dentro de la legalidad”.
Y todo ello pese a que, como informábamos recientemente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciará que reforzará durante 2026 el control sobre las cooperativas vinculadas al transporte de mercancías por carretera, una línea de actuación que ya dejó en 2025 más de 1.200 expedientes sancionadores tras la inspección de 27 cooperativas.
Competencia desleal de las falsas cooperativas
La patronal considera que estas estructuras utilizan fórmulas societarias diseñadas para otros fines con el objetivo de evitar determinadas obligaciones fiscales, laborales y sociales, obteniendo así ventajas competitivas frente a los operadores que cumplen con la normativa vigente.
Desde CONETRANS advierten de que el fenómeno se ha convertido en uno de los principales focos de fraude dentro del transporte de mercancías por carretera, un sector sometido a una elevada carga regulatoria y a exigencias crecientes en ámbitos como la fiscalidad, las relaciones laborales, la sostenibilidad ambiental o la seguridad vial.
Actuaciones permanentes y coordinadas
La organización empresarial sostiene que la actuación de estas entidades no solo provoca un perjuicio económico directo a las empresas legalmente establecidas, sino que también contribuye a deteriorar la imagen del sector y a generar inseguridad jurídica. En este sentido, alertan de que la percepción de impunidad frente a determinadas prácticas fraudulentas resulta incompatible con un mercado basado en la competencia leal.
Ante esta situación, la patronal de transporte reclama a las administraciones públicas un refuerzo inmediato de los mecanismos de control e inspección. En este sentido, opinan que la lucha contra este tipo de fraude “requiere actuaciones permanentes y coordinadas entre los distintos organismos competentes en materia de transporte, fiscalidad, empleo y Seguridad Social”.
Mas recursos para inspección y sanciones
Asimismo, la patronal solicita un incremento de los recursos destinados a las labores inspectoras y una mayor coordinación institucional para facilitar la detección de posibles incumplimientos. Una vez acreditadas las irregularidades, defiende la aplicación de las sanciones previstas por la normativa e incluso el cese de actividad de aquellas entidades cuya operativa se base en prácticas fraudulentas.
“Garantizar que todos los operadores compitan bajo las mismas reglas constituye un elemento esencial para preservar la rentabilidad de las empresas, proteger el empleo y asegurar la sostenibilidad del tejido empresarial del transporte de mercancías por carretera” afirman desde la confederación.
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