Los fallos técnicos del DeCA provocan multas de más de 400 euros a transportistas

Las incidencias técnicas en la implantación del nuevo Documento Electrónico de Control Administrativo (DeCA) están generando problemas en los controles de carretera. Según denuncias del sector, algunos transportistas están recibiendo multas de más de 400 euros cuando los agentes no pueden verificar el documento mediante el código QR que les ha facilitado la empresa cargadora.

El problema se produce cuando el transportista presenta el DeCA en formato digital, pero, al escanear el código QR, los agentes no consiguen acceder al repositorio público en el que debe estar almacenado el archivo o el sistema devuelve un error de lectura. En estos casos, el conductor puede acabar sancionado por una supuesta carencia del documento de control, pese a disponer del archivo facilitado por el cargador.

Estas situaciones ponen de manifiesto las dificultades técnicas que acompañan a la implantación del nuevo sistema y la necesidad de aclarar las responsabilidades de cada uno de los participantes en la operación de transporte cuando se producen errores de acceso o verificación.

Responsabilidades en la emisión del documento

En determinadas operaciones, son las empresas cargadoras las que generan el DeCA y lo entregan al transportista en formato digital, acompañado de su correspondiente código QR. Sin embargo, la imposibilidad de consultar el documento durante una inspección puede trasladar las consecuencias de los fallos del sistema al conductor, aunque este disponga de la documentación que le han facilitado.

Las incidencias pueden estar relacionadas con problemas de almacenamiento o custodia del archivo, con el funcionamiento del repositorio o con dificultades técnicas de los dispositivos utilizados para la lectura. Por ello, resulta necesario determinar el origen de cada error antes de atribuir una posible infracción al transportista.

A estas dificultades se añaden, según las denuncias del sector, situaciones en las que determinados cargadores pretenden que los transportistas utilicen plataformas tecnológicas privadas para gestionar los documentos. El problema surge cuando estas herramientas no se limitan a facilitar el DeCA ya emitido, sino que trasladan al transportista la tarea de elaborarlo, añadiéndole obligaciones administrativas y posibles responsabilidades por errores en su confección.

Petición de suspender las sanciones durante la implantación

Ante esta situación, desde Fenadismer reclaman que, durante las primeras semanas de aplicación del DeCA, las actuaciones de control tengan un carácter informativo y didáctico, en lugar de dar lugar a sanciones cuando existan problemas técnicos que impidan verificar documentos que el conductor puede mostrar.

La petición incluye la suspensión de los expedientes sancionadores mientras persistan las incidencias y hasta que se garantice el correcto funcionamiento del sistema y se delimiten las obligaciones de cargadores, transportistas y demás participantes en la operación.

El objetivo es evitar que los profesionales del transporte asuman las consecuencias de fallos tecnológicos ajenos a su actuación y asegurar que la aplicación de la nueva obligación documental se desarrolle con criterios claros y homogéneos.