Editorial: "Un dilema inaplazable"

Como si del “día de la marmota” se tratara, aquella famosa película en la que día tras días se sucedían los mismo acontecimientos,  nuevamente llega hasta la opinión pública la idea de establecer un canon por el uso de determinadas infraestructuras viarias, siguiendo la filosofía  neoliberal del “pago por uso”.

Aunque, como decimos,  es un tema recurrente que aparece en forma de globo sonda interesado por determinados lobbys con mucho que ganar. Hablamos obviamente, aunque no sólo,   de  las empresas concesionarias, las mismas que cuando el negocio sale mal abandonan el barco para que el Estado rescate las autopistas de peaje quebradas, pero que  airean tentadores y poco contrastados  estudios en los que establecer un peaje en las actuales autovías libres de pago, poco más que sacaría de la ruina a las arcas públicas.

Este “caramelito envenenado” se lo han puesto a cada Gobierno que ha ocupado la Moncloa desde los tiempos de Zapatero en adelante y todos han sucumbido a la tentación, al menos, de testar la reacción de la gente en general y de los sectores más perjudicados en particular, filtrando la intención de “estudiarlo”.

Pero en esta ocasión hay un matiz diferente y nada desdeñable;  no estamos ante un globo sonda del Ejecutivo, sino que el Gobierno de Pedro Sánchez , ha incluido la propuesta basada en el “pago por uso”  de, al menos las autovías libres, aunque sin descartar ampliarlo a toda la red de carreteras del Estado,   en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas, en el que  el Ejecutivo da por hecho que sacará adelante la medida y  que se articulará en la futura ley de movilidad. incluso  pone fecha a su entrada en vigor: finales de 2023 o principios de 2024 a más tardar.

Como no podía ser de otra manera, la medida ha despertado el rechazo de todo el sector del transporte  por carretera, principal perjudicado de esta política del pago por uso, pues la carretera  no es otra cosa que su oficina. Una reacción inusitadamente vehemente, diría, para ni siquiera saber los términos en los que el ejecutivo podría implementar dicha medida, demasiado acelerada, teniendo en cuenta que el sector cuenta con la “palabra” firmada por el propio secretario de estado de Transportes, Pedro Saura, comprometiéndose ante el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a que “no se implantará ninguna Euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.

Por tanto, antes de tocar las trompetas del apocalipsis, habrá que exigir  sin estridencias al Gobierno que cumpla los compromisos firmados y que exponga la “letra pequeña” de su proyecto de “pago por uso”.  Hay cuestiones que no pueden ser obviadas  en el tema  de la financiación de las infraestructuras viarias y que habrá que abordar más pronto que tarde; entre ellas,  si deberíamos establecer una tasa finalista para atender el déficit en conservación de estas infraestructuras, que ya supera los 8.000 millones de euros y subiendo,  quien debería pagar esta “viñeta” y si nos parece  inteligente que un transportista español  que cruza Europa, tiene que pagar por usar  las infraestructuras en la mitad de los estados miembros, mientras que los que cruzan nuestro país lo hacen por vías de alta capacidad sin abonar ni un solo euro.

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