La red de titularidad estatal, con más de 26.500 kilómetros, soporta más del 50% del tráfico total y hasta el 66% del tráfico pesado, lo que la convierte en una infraestructura crítica para la logística y el transporte de mercancías.
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El estado de conservación de la red viaria española, independientemente de la titularidad de la infraestructura, lleva años acumulando un deterioro sistemático , visible para cualquier usuario y muy perjudicial para el desempeño de la actividad de sectores como el transporte de mercancías por carretera, poniendo en peligro incluso su seguridad.
Con un déficit acumulado en el total de la Red, que ya sobrepasa los 10.000 millones de euros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha presentado el nuevo Plan Extraordinario de mejora de firmes de la Red de Carreteras del Estado, una iniciativa que movilizará 1.629 millones de euros entre 2027 y 2031 para actuar sobre más de 5.000 kilómetros de vías identificadas como prioritrias por su lamentable estado de conservación.
El anuncio, realizado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Madrid, supone, al menos, un giro en la política de conservación viaria en España, al introducir un enfoque preventivo frente al tradicional modelo reactivo.
5.000 kilómetros prioritarios y licitaciones desde 2026
La Dirección General de Carreteras ha identificado cerca de 5.000 kilómetros con necesidades urgentes de intervención. Sobre ellos se desplegará la primera fase del plan, cuya ejecución se extenderá durante cinco años y cuyas licitaciones comenzarán ya en 2026.
La inversión se distribuirá de forma progresiva, combinando rapidez en la respuesta con una planificación ordenada de las obras, en un contexto de creciente presión sobre la red estatal.
Ahorro de combustible y reducción de emisiones
Más allá del impacto económico, el plan incorpora una dimensión clave para el transporte por carretera: la eficiencia energética. La mejora de la regularidad del firme permitirá reducir el consumo de combustible entre un 5% y un 6% en los tramos intervenidos.
Este ahorro, en palabras del Ministro, se traducirá directamente en una reducción de costes para transportistas y operadores logísticos, así como en una menor huella de carbono asociada al transporte de mercancías. “Menos consumo es menos emisiones y menor coste para los usuarios”, destacó Puente.
Complemento de los programas ordinarios de mantenimiento
El plan se concibe como un complemento a los programas ordinarios de mantenimiento, pero con una filosofía distinta: anticiparse al deterioro antes de que requiera intervenciones más costosas. “Pasamos de una lógica reactiva a una lógica estratégica”, explicó el ministro, subrayando la necesidad de frenar el envejecimiento progresivo de la red.
La primera fase del programa se centrará en los tramos más deteriorados, identificados tras un análisis “tramo a tramo” que evalúa tanto el estado estructural del firme como la calidad de rodadura. Este enfoque permitirá priorizar las actuaciones con mayor impacto en el servicio, alejándose de criterios de reparto uniforme.
Impacto económico: empleo, PIB y recaudación
El Ministerio estima que el plan tendrá un efecto tractor relevante sobre la economía. En concreto:
- Generará un impacto de 1.200 millones de euros en el PIB
- Permitirá la creación de 18.500 empleos
- Aportará más de 400 millones de euros en ingresos fiscales
Además, su ejecución implicará a un amplio ecosistema de empresas constructoras, ingenierías y profesionales de la obra pública, reforzando tanto los servicios centrales como periféricos de la administración.
El problema del déficit estructural
El plan también busca corregir un problema estructural: el déficit acumulado en la conservación de la red estatal, estimado en unos 5.600 millones de euros. Según el ministro, durante años no se alcanzó el nivel de inversión necesario por kilómetro para garantizar un estado óptimo de los firmes.
La Red de Carreteras del Estado, con más de 26.500 kilómetros, soporta más del 50% del tráfico total y hasta el 66% del tráfico pesado, lo que la convierte en una infraestructura crítica para la logística y el transporte de mercancías.
Aunque desde 2018 se ha incrementado la inversión en conservación —hasta una media anual de 1.800 millones de euros—, el envejecimiento de la red y su uso intensivo han mantenido la presión sobre su estado.
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