El transporte se opone frontalmente al pago por uso en las autovías

La noticia sobre la intención del Gobierno de implementar una tasa por uso en  todas las autovías libres de pago en la actualidad, con la posibilidad de extender este peaje al resto de la red secundaria nacional, ha desatado las críticas hacía esta propuesta de “pago por uso”. Ciertamente, por primera vez, la medida ha traspasado el ámbito de la “intención”, ya mostrada por este y los anteriores gobiernos, para alcanzar el estatus de “propuesta” en firme, propuesta que además ha sido incluida en el plan de transformación y resiliencia enviado a Bruselas,  documento de enorme importancia, si se tiene en cuenta que de el depende en buena medida la llegada de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia.

En el sector del transporte por carretera, sin duda el más afectado  por esta medida  las declaraciones de repulsa no se han hecho esperar; las principales federaciones de transporte  han mostrado su rechazo contundente, aunque recordando, como ha hecho Víctor González, presidente de FETRANSA que “no es un debate nuevo y son demasiadas las incógnitas que sobrevuelan el planteamiento, pero nos agarramos de momento al compromiso de Pedro Saura”, en referencia al escrito firmado por el secretario de Estado de Transportes el pasado 23 de julio donde se comprometía ante el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) a que “no se implantará ninguna Euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”. La principal federación que agrupa a los transportistas autónomos, pese a  mostrar su descontento con las intenciones del Gobierno, ha querido hacer un llamamiento  a la cautela, para “no desatar la histeria entre los afectados”, al menos mientras al administración no incumpla su compromiso de consenso, ya que “de ser así-afirma González-  “se procedería a tomar medidas más contundentes”. 

En este sentido hay una idea bastante clara dela repercusión que esta tasa tendría para miles de transportistas de llevarse a cabo, a pesar de que en el propio documento enviado a Bruselas se habla de que el sobrecoste originado por esta tasa se intentaría que fuera cubierto por los cargadores. Sin embargo, los transportistas  ponen seriamente en duda   esta afirmación pues, tal y como afirma José Carlos López Jato, vicepresidente de FETRANSA,  “la negociación entre la oferta y la demanda de transporte en este sector está muy desequilibrada a favor de los cargadores y nos asusta no poder repercutir este sobrecoste en las negociaciones, lo que significaría la desaparición de miles de empresas”

Doble presión fiscal

Entre los argumentos que esgrimen los transportistas para oponerse a este nuevo peaje, que ciertamente supondría la ruina para muchos de ellos, destacan el hecho de que  supone una doble presión fiscal para un sector (incluyendo profesionales y usuarios particulares) que generan anualmente unos 11.000 millones de euros de ingresos en las arcas públicas.  En el caso del transporte profesional, un tercio del coste total operativo corresponde al gasto en combustible, a lo que hay que sumar otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP...).

Desde la Patronal ASTIC también señalan otros argumentos para oponerse a esta nueva tasa por uso, una tasa que califican como  “tóxica para nuestra economía”, en la medida en que  los nuevos peajes tendrían efectos tremendamente negativos en la competitividad de la economía española ya que encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes y servicios. Además, señalan   que  el transporte profesional por carretera es el causante principal de las emisiones de CO2 ( representa menos del 6% de estas  emisiones en la UE), sin olvidarnos del posible efecto multiplicador de la siniestalidad, ya que muchos  usuarios de estas vías buscarían vías alternativas y mucho más peligrosas.

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