El Gobierno decidido a implantar peajes en todas las autovías en 2024

“Avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario 'usuario pagador' y también del principio de 'quien contamina paga'”, es decir, costear la conservación de este tipo de infraestructuras viarias, hasta ahora gratuitas, estableciendo un peaje a todos los usuarios. Esa es la intención del Ejecutivo, y así lo ha recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido este miércoles a Bruselas, en el que  el Ejecutivo da por hecho que sacará adelante la medida, que se articulará en la futura ley de movilidad. Y pone fecha a su entrada en vigor: finales de 2023 o principios de 2024 a más tardar. Eso si, de momento, no se  concreta lo que tendrían que pagar los usuarios de estas autovías.

En España hay en total unos 15.500 kilómetros de autovías y autopistas que soportan más de la mitad del tráfico diario: el 55%. Las autovías están gestionadas en su totalidad por el estado y son de uso libre y gratuito, una red que en la actualidad asciende a  12.000 kilómetros.  Esta gratuidad, en opinión del Ejecutivo, genera unos costes crecientes que “no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”-asume en el Plan enviado a Bruselas, generando un déficit de mantenimiento, que a día de hoy podría superar los 8.000 millones de euros en toda la red viaria, según las últimas estimaciones de la Asociación Española de la carretera.

Sin bien los planes del Gobierno pasan por universalizar el peaje a todos los usuarios de las vías, en el documento  se recoge un tratamiento diferenciado para conductores profesionales de vehículos pesados y el resto de usuarios particulares. Así, para el transporte pesado por carretera, el Ejecutivo señala de manera bastante inconcreta que “se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores”, y en todo caso se consensuará la forma en que se implante con los transportistas.

Para los particulares,  serán más bien “lentejas”, aunque eso sí,  se prevé  llevar a cabo campañas de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de esta medida,  para evitar el más que previsible rechazo inicial. También se barajan reducciones o bonificaciones para determinados colectivos, como las rentas bajas o los conductores habituales.

Escalable y progresivo

El Gobierno también aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje.

Para su implantación, los planes del Gobierno pasarían por elevar la ley de Movilidad (que recogería este peaje entre otras cuestiones) para que el Consejo de Ministros apruebe una primera lectura antes de junio de este año, aunque se marca un plazo bastante largo para su aprobación, que no llegaría antes de finales del 2023 o principios de 2024.

Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.

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