guerra Iran subida precio diesel

Las empresas de transporte por carretera piden activar bonificaciones al combustible y garantías de liquidez si el precio del diésel supera determinados umbrales en España

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El sector del transporte de mercancías por carretera ha solicitado al Gobierno que deje preparado, con carácter preventivo, un paquete de medidas de respuesta rápida ante un escenario de incremento abrupto del precio del gasóleo, derivado de la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán y su posible extensión regional.

La petición, trasladada al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMS), plantea que el Ejecutivo articule, junto con el sector y el Ministerio de Hacienda, un mecanismo técnico y jurídico “listo para su activación” en caso de que se superen determinados umbrales objetivos, como un alza del 10% del precio medio semanal del gasóleo en un plazo de dos o tres semanas, o un eventual shock de suministro.

Un impacto directo sobre márgenes y liquidez

El transporte por carretera advierte de que el diésel representa aproximadamente un tercio de los costes operativos de las empresas. En el caso de un camión pesado de larga distancia, el consumo puede superar los 4.000 litros mensuales, lo que convierte cualquier variación significativa del precio en un factor crítico para la rentabilidad.

Aunque solo una parte limitada del petróleo y del GNL que llegan a España transitan por el Estrecho de Ormuz, la experiencia demuestra que cualquier tensión en la región se traslada con rapidez a los mercados internacionales, elevando el precio del crudo y, por extensión, el del gasóleo. Esta volatilidad, subraya el sector, erosiona márgenes, genera tensiones de tesorería y puede comprometer la continuidad de muchas pymes y autónomos que operan con márgenes muy ajustados.

El precedente del plan de 2022

Las organizaciones recuerdan como antecedente el plan activado en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania, cuando el Ejecutivo puso en marcha el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania, dotado con 16.000 millones de euros, de los que 1.000 millones se destinaron al transporte por carretera.

Aquel paquete se articuló en tres grandes ejes:

  • Bonificación directa al combustible, con una ayuda generalizada de 20 céntimos por litro, que posteriormente se moduló de forma sectorial durante 2023.
  • Ayudas directas por vehículo, con importes diferenciados según tipología (vehículos pesados, ligeros, autobuses, taxis y VTC).
  • Medidas estructurales y de liquidez, entre ellas la mejora del sistema de revisión de precios, el paso a devolución mensual del gasóleo profesional y el refuerzo normativo para evitar la contratación por debajo de costes.

El sector considera que la experiencia demostró la eficacia de los mecanismos simples y automáticos, especialmente cuando la operativa se canaliza a través de la Agencia Tributaria, lo que permite que las ayudas lleguen con rapidez y reduzcan el impacto financiero inmediato.

Cláusula obligatoria de revisión del precio

En paralelo, las patronales recuerdan que el Real Decreto-ley 3/2022 establece la obligatoriedad de revisar automáticamente el precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el coste del combustible. La aplicación estricta de esta cláusula de indexación es, a juicio del sector, imprescindible para trasladar el incremento del gasóleo a los clientes y evitar que el sobrecoste recaiga exclusivamente sobre el transportista.

Riesgos adicionales: demanda y cadenas de suministro

Más allá del encarecimiento energético, el transporte de mercancías alerta sobre los efectos indirectos de la crisis geopolítica: posible alteración de flujos comerciales internacionales, aumento de primas de seguro, menor confianza empresarial y ralentización de determinados sectores productivos. Todo ello podría traducirse en una caída de la demanda de transporte, agravando la presión sobre la liquidez.

En este contexto, el sector reclama anticipación y coordinación público-privada, así como la apertura de un canal permanente de diálogo que permita evaluar la evolución del conflicto y activar con rapidez medidas extraordinarias si la situación lo exige

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