morosidad reglamento europeo

La Comisión Europea incluye la propuesta de Reglamento contra la Morosidad entre las iniciativas legislativas que pretende retirar de su programa de trabajo para 2027. 

El proyecto de Reglamento europeo contra la Morosidad, presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2023, podría quedar definitivamente apartado después de más de dos años de bloqueo en el Consejo de la UE. La Comisión ha incluido esta iniciativa en el anexo de propuestas legislativas que prevé retirar durante los próximos seis meses, dentro de su Programa de Trabajo para 2027, publicado el pasado 4 de noviembre. 

La propuesta pretendía sustituir la actual Directiva europea de lucha contra la morosidad por un Reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros. El objetivo era acabar con las diferencias entre legislaciones nacionales y establecer unas condiciones comunes de pago para las operaciones comerciales, reforzando la protección de las empresas de menor tamaño frente a los clientes con mayor poder de negociación.

La iniciativa tenía especial relevancia para el transporte por carretera, un sector en el que los autónomos y las pequeñas empresas transportistas, pese a haber mejorado los tiempos de espera  de los pagos de sus clientes cargadores, operadores logísticos e intermediarios, sigue habiendo un considerable número de empresas que rebasan los plazos legales de pago.  

Un plazo máximo general de 30 días 

Entre las principales medidas que contemplaba el texto original de la Comisión Europea destacaba la fijación de un plazo máximo de 30 días naturales para pagar las facturas en las operaciones comerciales entre empresas y en las transacciones con las administraciones públicas. También limitaba a 30 días la duración de los procedimientos de comprobación y aceptación de bienes y servicios, evitando que estos trámites se utilizaran para retrasar el inicio del plazo de pago. 

El proyecto incluía otras medidas relevantes:

  • Intereses de demora automáticos: el acreedor tendría derecho a cobrar intereses cuando se produjera un retraso, sin necesidad de reclamación previa. La propuesta también armonizaba el tipo de interés aplicable.
  • Indemnización por costes de cobro: establecía una compensación fija de 50 euros por cada operación comercial pagada fuera de plazo, además de permitir reclamar los costes adiconales de recuperación debidamente justificados.
  • Anulación de cláusulas abusivas: serían nulas las condiciones contractuales que permitieran superar los plazos establecidos, excluir los intereses de demora o la compensación por costes de cobro, prolongar injustificadamente las verificaciones o retrasar deliberadamente la emisión de facturas.
  • Autoridades de supervisión: cada Estado miembro tendría que designar organismos encargados de vigilar el cumplimiento de la normativa, investigar posibles infracciones y exigir información a acreedores y deudores.
  • Régimen sancionador: las autoridades podrían imponer multas y otras medidas frente a los incumplimientos.
  • Reclamación de deudas: contemplaba que los acreedores pudieran obtener un título ejecutivo para deudas no impugnadas en un plazo máximo de 90 días desde la presentación de la reclamación judicial o administrativa.
  • El texto también incorporaba una medida para los contratos de obras públicas: el contratista principal tendría que acreditar que había pagado a sus subcontratistas directos, con el objetivo de evitar que los retrasos se trasladaran a lo largo de la cadena de contratación. 

La última revisión ya rebajaba las expectativas

Conviene precisar que el Parlamento Europeo introdujo modificaciones en su posición aprobada el 23 de abril de 2024. Entre ellas figuraba permitir plazos de hasta 60 días en operaciones entre empresas cuando estuvieran expresamente pactados, además de excepciones específicas para determinados sectores. Por tanto, el límite de 30 días constituía la propuesta inicial de la Comisión, no un texto definitivo acordado por las instituciones europeas. 

Aún así, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta, pero el Consejo bloqueó su tramitación, ya que los Estados miembros no consiguieron alcanzar un consenso. Entre las principales discrepancias figuraban la elección de un Reglamento en lugar de una Directiva, la imposición de plazos máximos estrictos y la creación de autoridades administrativas de supervisión y control. 

La morosidad, detrás  de una de cada cuatro quiebras

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad considera que la posible retirada responde a las presiones de los grandes lobbies empresariales y de algunos Estados miembros. Su presidente, Antoni Cañete, también presidente de Pimec y vicepresidente de SME United, considera contradictorio que la Comisión renuncie a una norma que buscaba armonizar las condiciones comerciales en toda la UE cuando los informes Letta y Draghi reclaman precisamente avanzar hacia una mayor integración del mercado único.

La plataforma advierte de que la retirada dejaría sin esta nueva protección a cerca de 34 millones de empresas europeas, mayoritariamente pymes y autónomos, en un contexto de empeoramiento de los plazos de pago, tipos de interés elevados e inflación.

La PMcM recuerda que la propia Comisión Europea ha advertido de que la morosidad está detrás de una de cada cuatro quiebras empresariales en la Unión Europea. También señala que las empresas europeas dedican una media de casi diez horas semanales a reclamar pagos atrasados, una carga administrativa que afecta especialmente a los negocios de menor tamaño.

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