Plazos de pago en España: Administraciones y grandes empresas los que más incumplen

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha alertado de un nuevo deterioro en los plazos de pago durante 2025, una tendencia que impacta de lleno entre el colectivo de pymes y autónomos, que  concentran la mayor parte del tejido empresarial y dependen críticamente de la liquidez.

Según el último “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025”, tanto el sector público como el privado han empeorado sus tiempos de pago, incumpliendo de forma generalizada los límites legales establecidos.

Administraciones más lentas que las empresas

Uno de los datos más preocupantes es que las Administraciones Públicas han vuelto a pagar más tarde que el sector privado por segundo año consecutivo. En 2025, el plazo medio del sector público se sitúa en 70 días, frente a los 67 días del privado, muy por encima de los límites fijados por la Ley 15/2010 (30 días para la Administración y 60 para empresas).

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, califica esta situación como “especialmente grave”, al considerar que el sector público debería ejercer un papel ejemplarizante.

Dentro de la Administración, los mayores retrasos se concentran en:

• Administración Local (55% de menciones como peor pagadora) 
• Administración Regional (26%) 
• Administración Central (19%) 

Grandes empresas, el principal foco de morosidad

En el ámbito privado, el informe vuelve a señalar a las grandes compañías como el principal problema. El 85% de ellas incumple los plazos legales:

• Un 38% paga más allá de 90 días 
• Un 47% lo hace entre 60 y 90 días 
• Solo un 15% cumple la ley 

Este deterioro es significativo respecto a 2024, cuando el 26% de las grandes empresas sí pagaba dentro de plazo. La advertencia coincide con las declaraciones previas del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, quien ya había señalado el mal comportamiento de este segmento empresarial.

Recurrir a fórmulas como el Confirming  

La principal consecuencia de la morosidad, mencionada por el 60% de los encuestados, es la necesidad de recurrir a préstamos bancarios adicionales u otras fórmulas de financiación. Según la PMcM, una posible explicación se encuentra en el amplio uso del término “confirming” entre las empresas españolas. Sobre este punto, Cañete denuncia un uso inadecuado de este sistema y reprocha que muchas grandes compañías no estén informando con la suficiente claridad sobre su utilización, pese a que el Reglamento Europeo 2024/1317 obliga a detallar estos acuerdos.

La subcontratación asfixia a los autónomos

La situación se agrava todavía más en el caso de la subcontratación. El informe de la PMcM fija en 87 días el plazo medio de pago a los subcontratistas por parte de los contratistas principales. El presidente de la entidad denuncia desde hace tiempo que la cadena de pagos en el sector público “continúa asfixiando a pymes y autónomos”, que esa cadena está “mal controlada” y que esta falta de supervisión “impide que el dinero llegue con fluidez hasta el último eslabón, integrado mayoritariamente por pequeñas empresas y trabajadores autónomos”. A juicio de la PMcM, esta situación permite que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores.

Esta situación, bastante común en el sector del transporte por carretera, donde predominan pequeñas empresas y autónomos, tiene consecuencias inmediatas:

• Falta de liquidez para afrontar costes operativos (combustible, salarios, mantenimiento) 
• Necesidad de recurrir a financiación externa (60% de los casos) 
• Presión para alargar sus propios pagos (19%) 
• Prácticas abusivas y falta de reclamaciones

El informe también evidencia la persistencia de prácticas ilegales:

• El 60% de los proveedores acepta plazos superiores a los legales 
• El 89% no reclama intereses de demora 
• El 94% no exige compensaciones por costes de recobro 

Para la PMcM, esto refleja la falta de eficacia del marco normativo actual, que no disuade el incumplimiento.

Presión europea y futuro régimen sancionador

La Comisión Europea mantiene abierto desde 2015 un procedimiento de infracción contra España por los retrasos en pagos públicos, con advertencias reiteradas en los últimos años. En paralelo, Bruselas impulsa el futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad (COM(2023) 533), que prevé:

• Plazo general de pago de 30 días 
• Posibles extensiones a 60 días en casos justificados 
• Sanciones obligatorias para incumplidores 

Sin embargo, el 63% de las empresas reconoce desconocer esta normativa, lo que anticipa dificultades en su implantación. La organización concluye que sin un régimen sancionador efectivo, mayor control y cambios en la cultura de pago, la reducción real de la morosidad seguirá siendo limitada.