El Supremo cuestiona la subcontratación de autónomos en logística y paquetería

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha abierto un nuevo escenario de incertidumbre para el sector de la logística y la paquetería en España. El fallo, relacionado con la operativa de reparto de DHL Express en Barcelona-El Prat, considera que determinadas fórmulas de subcontratación utilizadas en la última milla podrían constituir cesión ilegal de trabajadores.

La resolución analiza el modelo de reparto apoyado en empresas colaboradoras que aportan conductores y vehículos, pero cuya actividad operativa permanece integrada en la estructura tecnológica y organizativa de la compañía principal. Entre los elementos valorados por el Alto Tribunal figuran el uso de aplicaciones digitales comunes, uniformes corporativos, formación impartida por la empresa logística y la asignación de rutas prácticamente exclusivas.

Impacto sobre el transporte ligero

El fallo judicial afecta especialmente al transporte ligero y a las empresas de reparto de última milla. El Supremo interpreta que la utilización de vehículos ligeros de hasta 3.500 kilos no tiene suficiente peso empresarial para excluir una posible relación laboral cuando existe una fuerte dependencia organizativa de la compañía principal.

La sentencia también cuestiona el alcance de la reforma del Estatuto de los Trabajadores aprobada en 1994, que excluía expresamente de la relación laboral a los transportistas con vehículo propio y autorización administrativa.

Para el sector, esta nueva doctrina puede alterar profundamente el modelo tradicional de colaboración entre operadores logísticos y pequeñas empresas transportistas o autónomos.

Riesgo de inseguridad jurídica

Desde Fenadismer se han apresurado a advertir nada más conocerse el fallo que  “puede generar una elevada inseguridad jurídica en la logística y la paquetería, especialmente en actividades donde la trazabilidad digital, la imagen corporativa y la coordinación operativa forman parte habitual del servicio”.

El temor del sector es que la sentencia termine afectando a miles de autónomos y pymes dedicados al reparto capilar y la distribución urbana, un modelo ampliamente extendido en España durante las últimas décadas.

Además, la resolución podría obligar a revisar contratos, estructuras de colaboración y sistemas tecnológicos utilizados en la última milla.

Petición de cambios normativos

Desde esta organización reclaman  al Ministerio de Transportes una clarificación normativa que permita preservar la seguridad jurídica de las empresas y delimitar con claridad cuándo existe actividad mercantil de transporte y cuándo puede considerarse relación laboral.

La preocupación se centra especialmente en el impacto que esta interpretación judicial podría tener sobre el actual modelo de distribución urbana y sobre la viabilidad de numerosos pequeños operadores de reparto.