La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia por el requisito de antigüedad de los vehículos para acceder a la profesión

España no ha justificado esta exigencia sobre la base de un argumento legítimo, como la protección medioambiental o la seguridad vial

La Comisión Europea ha decidido emprender acciones legales contra España en el Tribunal de Justicia de la UE en relación con las restricciones a los vehículos pesados. Concretamente, según la Comisión, las autoridades españolas se niegan a autorizar para uso comercial el primer vehículo de la flota de un transportista por carretera si tiene más de cinco meses, lo que infringe las normas europeas sobre libre circulación de mercancías.

España será llevada ante el Tribunal de Justicia de la UE por imponer obstáculos a la importación de vehículos pesados. Así lo considera la Comisión Europea que ha tomado esta decisión puesto que considera que las autoridades españolas se niegan a autorizar para uso comercial el primer vehículo de la flota de un transportista por carretera si tiene más de cinco meses y por tanto, infringen las normas de la UE sobre libre circulación de mercancías. La Comisión avisó a España de la posibilidad de llevarla ante el Tribunal de Justicia por esta norma en octubre de 2011.

Concretamente, la Comisión considera que esta exigencia española no tiene en cuenta que esos vehículos cumplen los requisitos técnicos europeos y nacionales para poder circular en el Estado miembro de origen. De esta forma, para la Comisión, este requisito infringe el principio de reconocimiento mutuo derivado de las normas de la UE sobre la libre circulación de mercancías. Asimismo también señala que España no ha justificado esta exigencia sobre la base de un argumento legítimo, como la protección medioambiental o la seguridad vial; considera que las autoridades españolas podrían recurrir a medidas alternativas menos restrictivas para alcanzar tales objetivos.

Para la Comisión Europea, la consecuencia de este obstáculo a la importación de vehículos pesados procedentes de otros Estados miembros es reducir la competencia en el mercado español y provocar que los transportistas por carretera tengan menos opciones y les pueda resultar más caras. El Derecho de la Unión Europea prohíbe a los Estados miembros que impongan restricciones a las importaciones procedentes de otros Estados miembros o las exportaciones hacia estos, a no ser que existan razones legítimas de orden público para hacerlo (como la salud pública y la seguridad)

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