El incumplimiento de esta obligación legal puede constituir una infracción muy grave en materia de transporte, con sanciones que podrían alcanzar los 18.000 euros en caso de reincidencia.
La cadena de supermercados DIA se niega a aplicar a sus transportistas la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función de la evolución del coste del combustible, una obligación reforzada recientemente por el Gobierno. Eso es al meno lo que denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), en un comunicado en el que asegura que la compañía estaría incumpliendo el Real Decreto-ley 9/2026, aprobado el pasado mes de abril por el Congreso, que establece el carácter automático, obligatorio e irrenunciable de esta actualización en todas las facturas de transporte cuando varíe el precio del gasóleo.
Negativa a repercutir el alza del combustible
Los transportistas aseguran que, pese a las advertencias trasladadas a la multinacional, DIA ha rechazado incluir en las facturas emitidas desde marzo —coincidiendo con el inicio del conflicto en Irán— la repercusión del incremento del gasóleo. Esta práctica, denuncia la organización, está obligando a los transportistas colaboradores a asumir unos sobrecostes “inasumibles” en un contexto de elevada volatilidad energética.
La normativa vigente exige que dicha revisión se refleje de forma desglosada y en una línea independiente dentro de cada factura, un requisito que, según la Federación, la compañía estaría ignorando de forma sistemática.
Posible infracción grave y multas de hasta 18.000 euros
El incumplimiento de esta obligación legal puede constituir una infracción muy grave en materia de transporte, con sanciones que podrían alcanzar los 18.000 euros en caso de reincidencia. En este sentido, FENADISMER ha instado a los servicios de inspección a actuar de oficio ante lo que considera una vulneración clara de la normativa.
Denuncia de abuso de posición dominante
Más allá de la cláusula del combustible, la Federación también señala otras prácticas contractuales que considera abusivas. Entre ellas, destaca la prohibición impuesta a los transportistas de suspender el servicio incluso en caso de impago, así como la limitación del derecho de retención o depósito judicial de las mercancías, derechos reconocidos en la legislación del transporte.
Eslabón más débil de la cadena logistica
La organización ha reiterado su compromiso de actuar frente a este tipo de prácticas y ha animado a los transportistas afectados a denunciar cualquier incumplimiento de forma anónima a través de sus canales.
Desde las organizaciones de transportistas han puesto el foco desde el inicio del conflicto bélico en evitar que las grandes compañías cargadoras trasladen la presión de costes al eslabón más débil de la cadena logística.
El conflicto pone de nuevo el foco en la aplicación efectiva de la normativa de costes en el transporte por carretera y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control para garantizar el equilibrio en las relaciones entre cargadores y transportistas.
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