El Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición no de Ley para la implantación de un Régimen Sancionador contra la morosidad

Desde que se aprobó la  Ley de lucha contra la Morosidad, se ha venido reclamando por diferentes instancias  un  régimen sancionador  que sirva como “estímulo” para  el cumplimiento efectivo de los plazos delimitados en la ley.  Un incumplimiento que, a día de hoy, es prácticamente generalizado, si excluimos a algunos colectivos, como los autónomos, mientras que cuanto más grande es la empresa, más  grande es el plazo de pago a los proveedores.
Por eso, tiene especial significación la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, con el voto favorable del 99% de la Cámara, para la implantación de un Régimen Sancionador contra la morosidad, instando al Gobierno, en primer lugar a  “Implementar medidas para establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos”. Además,  el texto de la proposición propone “Llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores comerciales para un funcionamiento más eficiente de nuestra economía” y “exigir en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.”
La morosidad es un grave problema que afecta a un buen número de empresas en todos los sectores industriales. Así en el caso del sector del transporte por carretera, el Observatorio de la Morosidad que mensualmente elabora Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte arroja datos preocupantes sobre el nivel de cumplimiento de la ley de morosidad, al evidenciar que más del 70% de los clientes de los transportistas no cumplen los plazos máximos establecidos por la ley, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2016 en 85 días.
La aprobación de dicha medida cobra especial relevancia de cara a la próxima Cumbre Político Empresarial que va a organizar la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad el próximo jueves 20 de Mayo, a la que está prevista la asistencia de altos representantes de todos los grupos políticos ( Albert Rivera y Pablo Iglesias entre otros) y del propio Gobierno ( entre otros, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro).
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