Un auto emitido por un juzgado mercantil de Madrid dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra.

El caso de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid, entre otras ocho vías de estas características que se encuentran en la misma situación, puede tener los días contados, si no se produce una intervención del Ministerio de Fomento, asumiendo su gestión, algo que, a día de hoy y tras años de negociaciones infructuosas, parece difícil debido al coste económico que supondría para las arcas públicas.  Así se desprende del auto emitido por un juzgado mercantil de Madrid que dicta la liquidación de estas vías, tres de las ocho actualmente en quiebra.

En concreto, se trata de las autopistas radiales R-3 Madrid-Arganda y R-5 Madrid-Navalcarnero, junto a la autopista de circunvalación de Alicante.  El juez da un plazo de cinco meses para ejecutar la liquidación de las radiales y de la circunvalación de Alicante, dado que «ordena» a sus actuales sociedades concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de la actividad empresarial de la concursada a las 00.00 horas del día 1 de octubre del 2016». Asimismo, dice que deberá «poner a disposición de la Administración concedente (en este caso Fomento) los bienes, derechos e infraestructuras a los que esté obligado contractualmente».

Los juzgados ya habían declarado la liquidación de otras dos de estas autopistas en problemas: la M-12 Eje Aeropuerto de Madrid y AP-36 la Ocaña-La Roda. No obstante, el auto de liquidación se ha emitido «sin efectos suspensivos». Es decir, no quedará en suspenso por el hecho de que el Ministerio de Fomento o las concesionarias lo recurran.

Las autopistas objeto de este auto judicial pertenecen  a las empresas Abertis y ACS, que controlan las sociedades concesionales de estas tres autopistas. También participan Sacyr, Bankia y Globalvía. Esta última también participa en Galicia como accionista de la autopista de Santiago a Ourense.

La pelota  está ahora en el tejado del Ministerio de Fomento, que, en caso de asumir las vías y su gestión, podría tener que atender también la denominada responsabilidad patrimonial ante los actuales concesionarios, una partida que en el caso de las ocho infraestructuras asciende a unos 4.500 millones

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