Guipúzcoa pretende por tercera vez imponer peajes a los camiones en la N-1 y la A-15 a partir de 2018 y  contesta al Comité Nacional de Transporte que no aceptará “coacciones ni amenazas”.

Se trata de una polémica medida, que supone abrir una caja de Pandora que, hasta el momento, el Ministerio de Fomento  ha preferido mantener cerrada para no enfrentarse al sector del transporte, y que le ha llevado a tomar medidas como la de bonificar el uso de autopistas. Pero la postura de Fomento no parece importar al  Gobierno de Guipúzcoa, que ha decidido dar un paso adelante y empezar a cobrar al transporte pesado por circular por sus carreteras.

Se trata de la  tercera vez que lo intenta, tras  las iniciativas puestas en marcha por Bildu, en primera instancia y retomadas por el ejecutivo del PNV con el apoyo del  PSOE y promete  convertirse en un serio problema para el sector en esta comunidad y una puerta abierta a que se extienda por el resto de comunidades. Así lo debió entender el Comité Nacional de Transportes, que a finales de septiembre  transmitió el rechazo unánime del sector a la pretensión de la Diputación Foral de Guipúzcoa de establecer peajes a la circulación de los camiones de más de 3’5 toneladas de MMA en las carreteras guipuzcoanas a partir de 2018, por considerarlo una “agresión” para el sector del transporte por carretera.

La respuesta llegaba hace unos días por medio de la Diputada de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide, manifestando por escrito al Comité Nacional de Transporte por Carretera su rechazo a aceptar “coacciones ni amenazas”, reiterando su firme voluntad de implantar los peajes en las carreteras N-1 y A-15, una vez sea aprobada la norma foral que en la actualidad se está tramitando en las Juntas Generales Guipuzcoanas, al considerar que la Diputación Foral “tiene la competencia plena en materia de infraestructuras viarias, incluida la de implantar gravámenes, cánones o peajes en nuestras carreteras”.

 Entre las principales razones que esgrime en su escrito la Diputada Foral para imponer los peajes está la de “afrontar las ingentes inversiones en nuestras vías y en su mantenimiento que nos vemos obligados a acometer por nuestra situación geográfica de paso obligado desde Europa y financiarlos exclusivamente con los impuestos de los guipuzcoanos”. Efectivamente, se estima que alrededor de 7.000 camiones diarios los que transitan por dichas vías, por lo que la implantación de dicha medida afectaría de forma muy negativa a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea. Según las cifras del Gobierno foral, este gasta 3 millones de euros al año en mantenimiento solo del tramo que le corresponde de la N-1. En cambio, cuando entren en funcionamiento los nuevos peajes en las dos vías afectadas, esta administración prevé recaudar siete millones de euros en total y lograr un beneficio de tres millones para políticas sociales.

Para tratar de acallar las críticas de los camioneros guipuzcoanos, Bidegi pondrá varios puntos de cobro a lo largo de su tramo de la N-1 (Irún, Andoain y Etzegarate), que supondrán un desembolso total de 10 euros para aquellos camiones que hagan el recorrido completo, es decir, que vengan o vayan a Francia. Para el grueso de los desplazamiento internos, el Ejecutivo guipuzcoano estima que el coste será de un euro.

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