Transporte por carretera alerta de trabas en los nuevos reavales para tarjetas de carburante

El sector del transporte de mercancías por carretera ha mostrado su malestar ante las condiciones fijadas para acceder a los nuevos reavales públicos destinados a ampliar el crédito de las tarjetas de carburante, una medida incluida en el Plan Integral de Respuesta a la crisis en Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado marzo.

La Resolución de la Secretaría de Estado de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, desarrolla el mecanismo por el cual el Estado actúa como reavalista frente a entidades financieras y compañías petroleras. El objetivo es facilitar un mayor límite de crédito para los transportistas profesionales, en un contexto marcado por el encarecimiento del diésel.

Sin embargo, el sector considera que los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía dificultan el acceso a estas ayudas, especialmente para autónomos y pequeñas empresas, que son precisamente quienes más dependen de este instrumento financiero para mantener su actividad diaria.

Requisitos que limitan el acceso al crédito

Entre las condiciones exigidas para acceder a los reavales se incluyen estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, no figurar en registros de morosidad como la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) y superar determinados criterios de solvencia.

Desde el sector se advierte de que estas exigencias pueden dejar fuera a un gran número de transportistas que atraviesan dificultades de liquidez como consecuencia directa del aumento de los costes operativos.  Desde Fenadismer señalan  precisamente que "muchos autónomos y pequeños empresarios han tenido que retrasar pagos precisamente para poder echar gasóleo; excluirles ahora de los reavales es condenarles a parar el camión".

Riesgo de exclusión para autónomos y pymes

Desde esta organización consideran que el diseño actual del sistema puede provocar un efecto contrario al buscado: que el crédito adicional llegue únicamente a compañías con mayor solvencia, mientras que los autónomos y pequeñas flotas —más expuestos a la volatilidad del precio del combustible— queden excluidos.

Además, critican que los procedimientos de verificación y concesión pueden ralentizar el acceso a los reavales en un momento en el que el sector necesita respuestas inmediatas para garantizar el suministro de carburante.

Petición de simplificación administrativa

Ante esta situación, representantes del transporte por carretera reclaman una flexibilización urgente de los requisitos, proponiendo fórmulas como la concesión automática o mediante declaración responsable. El objetivo es evitar que las actuales condiciones administrativas se conviertan en un obstáculo para la operativa diaria de miles de transportistas.

El sector insiste en que el acceso ágil al crédito de carburante es clave para mantener la cadena logística activa, especialmente en un contexto internacional incierto que sigue presionando al alza los precios energéticos.