En estas autopistas dominan capitales de constructoras importantes de este país como Ferrovial, ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux... y cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar.

El Partido Popular busca vías para reflotar las fallidas infraestructuras de peaje realizadas durante los últimos diez años al amparo del crecimiento económico y del boom de la construcción. Tanto los gobiernos del PSOE como ahora los del PP han ido buscando esas soluciones y casi siempre vía enmiendas, presentadas y aprobadas con posterioridad a la presentación del proyecto de Presupuestos. Hace dos años el Ejecutivo ya les concedió un ventajoso préstamo para que prosiguieran su actividad y ahora, vía enmiendas, se añaden nuevas garantías para evitar su quiebra. El actual Gobierno ya incluyó garantías en el proyecto de ley de Presupuestos, la previsión de cuentas de compensación en las que se consignen “anualmente la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el 80% de los ingresos previstos en el plan económico financiero presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos de peaje reales”. La enmienda del PP a los Presupuestos permite a las empresas concesionarias solicitar a Fomento préstamos participativos.

En concreto, el PP incluye tres nuevas autopistas --la de Alicante-Cartagena, la de Santiago-Ourense y la de León-Astorga-- al listado de vías que, desde 2011, pueden tener una cuenta de compensación donde se consigna anualmente la diferencia entre los ingresos reales por los peajes y el 80% de las estimaciones de ingresos que se hicieron en el plan económico financiero de la oferta de licitación.

Además, se amplía en cuatro años (hasta 2018) el tiempo en que funcionarán estas compensaciones, que se limitan al 49% del importe resultante de "sumar los ingresos anuales de peaje de la concesión y la cantidad a consignar". El resto hasta la cantidad reclamada a través de la cuenta de compensación se podrá cubrir con un préstamo participativo concedido por el Ministerio de Fomento y que las concesionarias podrán solicitar durante los primeros meses de cada ejercicio.

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, cree que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 y las enmiendas al mismo presentadas por el PP sirven para que el Gobierno pague a los sectores económicos que apoyaron a los 'populares' en la campaña electoral, como a su juicio demuestran las enmiendas relativas a las autopistas de peaje.

Las ayudas y garantías en los últimos años se han dirigido a las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera. Ahora se incluyen la de Santiago de Compostela-Ourense y la León-Astorga.

El origen del problema está en los contratos que firmaron cuando fueron proyectadas con el segundo Gobierno de José María Aznar, con unas previsiones de ingresos muy superiores, que luego, con el advenimiento de la crisis se han desplomado, concretamente los tráficos han descendido   de media un 27%. Desde prácticamente el origen, anualmente en todos los Presupuestos se han incluido ayudas directas o garantías para que renegocien su deuda con los bancos para evitar así su quiebra. En estas autopistas dominan capitales de constructoras importantes de este país como Ferrovial, ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux... y cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar, lastrando aún más su situación tras la crisis.

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