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Por razones de seguridad vial o medioambientales, se podrá establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas.

El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy, por amplia mayoría, el Real Decreto-ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre, y que introduce varias modificaciones, con carácter de urgencia y en beneficio del interés público general, en la Ley de Carreteras.

Este Real Decreto ley, introduce importantes novedades  que afectan al transporte de mercancías por carretera. En especial, la reforma incluida en este Real Decreto-ley que permite, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales obligándolos a circular por las autopistas. Estas medidas, que se desarrollan posteriormente mediante convenios o reales decretos, se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas, algo que ya ha demostrado su eficacia en los tramos donde, hasta la fecha, ya han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos.

En este sentido, Ábalos ha expuesto que dentro de la Red de Carreteras del Estado existen carreteras convencionales que soportan un elevado tráfico de vehículos, lo que provoca en ocasiones graves problemas de congestión y seguridad a su paso por distintas comarcas y localidades.

“No se trata de sacar a los camiones de las carreteras” ha dicho Ábalos, sino “una medida excepcional, justificada y puntual que conlleva las bonificaciones correspondientes y que trata de dar cobertura a una medida que implantó el anterior Gobierno”. El ministro ha añadido que “esta modificación tiene mucha importancia pues, como he indicado en anteriores ocasiones, para el Gobierno es prioritaria la seguridad”.La circunstancia de que el desvío del tráfico sea obligatorio atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida.

 “Dicha problemática consideramos que puede ser mejorada si el tráfico de vehículos pesados se desplaza a las autopistas, cuyas características en cuanto a trazado y capacidad son superiores a las de las carreteras convencionales” expresó el ministro.

El balance que se desprende del desarrollo de este tipo de medidas, en aquellos puntos donde se han aplicado, se ha revelado según Ábalos “muy eficaz con un impacto positivo, inmediato y significativo sobre la explotación de las carreteras afectadas” y cita como ejemplos el caso desde hace años en la N-II en Girona o La Rioja, donde, según sus datos, desde el inicio del desvío de pesados de la N-232 y la N-124 a la AP-68, en vigor desde el 2 de diciembre de 2017, hasta hoy no ha habido ningún accidente mortal en esas carreteras. En idéntico periodo del año anterior se produjeron 9 accidentes mortales con 11 personas fallecidas.

Así mismo, desde el pasado día 2 de septiembre, han comenzado a aplicarse en Cataluña y la Comunidad Valenciana desvíos obligatorios a vehículos pesados en diversos tramos de la N-240 y N-340, para dirigirlos a los tramos próximos de la AP-2 y AP-7 respectivamente. “Quiero advertirles que todas estas actuaciones las emprendió el anterior Gobierno y lo que se pretende ahora es darle cobertura legal necesaria”, concluyó Ábalos.
 
Reforzar el régimen sancionador
El Real Decreto-ley, que el Congreso ha decidido tramitar como proyecto de ley, introduce, en primer lugar, la tipificación de una nueva infracción muy grave, para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando éstas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y, además, concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulta insuficiente.

Se trata de reforzar el régimen sancionador de las infracciones graves y para que sea más proporcional al daño causado. El carácter de urgencia de esta medida legal se debe a la proximidad en la aplicación de los planes de vialidad invernal por parte de las sociedades concesionarias y para, según Ábalos, “dar proporcionalidad a las infracciones graves y no tengan una sanción tan leve como las que vimos respecto a las nevadas del último invierno”.

Además, se introducen cambios en la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), que ha asumido la explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido anticipadamente al Estado, “las que conocemos coloquialmente como “autopistas rescatadas”, ha apuntado el ministro. Hasta ahora, el cobro de estos peajes estaba amparado por contratos de concesión que ya se han extinguido, por tanto, la continuación de esta explotación necesita una norma legal que ampare a SEITTSA para la percepción de los nuevos peajes.
El ministro de Fomento ha indicado que “como saben, el Gobierno español ha venido analizando diferentes posibilidades para la gestión de las autopistas concursadas, que fueron promovidas por Gobiernos anteriores”.

La urgencia de esta medida se justifica en que no es posible la tramitación de un proyecto de ley de forma que esté en vigor antes del fin de la vigencia del convenio de gestión suscrito con la Sociedad, el 31 de diciembre de 2018

Por último, este Real Decreto-ley que modifica la Ley de Carreteras permitirá que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Con ello, se pretende no demorar la realización de las obras, en particular, la ejecución de obras de menor envergadura económica, pero destinadas a mejorar la seguridad vial: mejoras de trazado, actuaciones en tramos de concentración de accidentes, etc.
 
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