La federación considera que el anuncio de la Comisión Europea, que ha contado con el respaldo del Gobierno de España, de prohibir los vehículos diésel e híbridos en 2035 es una muestra más del desconocimiento de la clase política sobre la realidad del sector.

La Federación Española de Transporte de Mercancías (FETRANSA) señala la firme voluntad de todos los sectores del transporte de contribuir con los objetivos de reducción de emisiones. Pero también indica que, para eso, los representantes políticos deben abandonar los discursos populistas que no ayudan a avanzar su cumplimiento con un criterio realista.

El paquete de medidas de sostenibilidad y transición verde afectará de forma especial al sector de la movilidad, tanto de transporte de mercancías como de pasajeros, ya que supone un importante desembolso en infraestructuras y ayudas. Ahora bien, se debe evitar generar incertidumbre entre fabricantes y usuarios, ante la inexistencia de fuentes de propulsión alternativas.

El problema, según FETRANSA, no es únicamente la falta de puntos de recarga para el vehículo eléctrico, algo en lo que se puede invertir en los próximos años, sino fundamentalmente, la incapacidad de disponer de una tecnología accesible lo suficientemente económica como para poder renovar por completo el parque de vehículos; además de otros aspectos como el tiempo de recarga, el peso de las baterías y su escasa autonomía.

En este sentido, la federación augura un más que previsible envejecimiento de la flota de vehículos de transporte.

Según Víctor González, Presidente de FETRANSA, “si realmente se pretende cumplir con estas fechas para implantar el vehículo eléctrico, deben tomarse medidas que hagan rentable y atractivo el sector. De lo contrario, toda Europa deberá hacer frente a una doble amenaza: no disponer de vehículos adaptados y no contar con profesionales dispuestos a hipotecar sus bienes para invertir en una tecnología tremendamente cara y no contrastada”.

Hecho el anuncio y a la vista de esta situación, Fetransa reclama la definición de un periodo transitorio claro que ofrezca garantías al transportista para acceder a la compra del vehículo eléctrico.

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