La asociación internacional de transporte por carretera  pide un periodo de aplicación de diez años para cualquier nueva restricción de acceso a los vehículos urbanos, con el fin de dar tiempo a las redes de movilidad locales y a las cadenas de suministro para adaptarse

La International Road Union (IRU) ha pedido a través de un comunicado oficial  que los vehículos comerciales queden exentos de los regímenes de regulación del acceso de vehículos urbanos (UVAR) existentes y propuestos. Más de 2.000 ciudades de todo el mundo, con más de mil millones de residentes, ya han aplicado o están considerando las restricciones de acceso, entre ellas Madrid y Barcelona.  

Reconociendo que es indudable que las ciudades se enfrentan a grandes retos a la hora de gestionar la congestión, la contaminación, las emisiones de CO2 y la armonía social, al tiempo que diseñan nuevos espacios urbanos, mejoran la movilidad y la funcionalidad económica, desde la asociación de transporte  señalan que  “a menudo las nuevas normas se aplican sin un aviso adecuado para que los operadores de transporte por carretera y sus usuarios se adapten, perjudicando aún más a las empresas y comunidades locales”. Es por ello que, piden que  al menos,  “se establezca un periodo de aplicación de diez años para cualquier nueva restricción de acceso a los vehículos urbanos, con el fin de dar tiempo a las redes de movilidad locales y a las cadenas de suministro para adaptarse”.

"La habitabilidad y la sostenibilidad de todas las ciudades dependen de que las mercancías y las personas puedan entrar, circular y salir de las zonas urbanas", dijo Umberto de Pretto, Secretario General de IRU.  "Las restricciones a los vehículos urbanos están atrapando a los vehículos comerciales en sus redes, cuando su verdadero objetivo suele ser el uso del automóvil. Las ciudades deben eximir a los vehículos comerciales de estas normas", añadió. 

 

Costes elevados, beneficios limitados

Limitar el transporte de mercancías en las ciudades repercute en las empresas locales y en los residentes, además del impacto directo en los servicios de transporte comercial. Restringir el transporte de pasajeros penaliza el turismo, aumenta la pobreza de la movilidad y limita los esfuerzos por reducir el uso del coche privado para descarbonizar la movilidad en su conjunto. Sin embargo, los elevados costes de la restricción de los vehículos comerciales en las ciudades aportan beneficios limitados en términos de reducción de las emisiones de CO2, la contaminación, el ruido o la congestión.

"Más del 90% de los vehículos en las zonas urbanas son vehículos privados, por lo que las restricciones deben distinguir claramente entre ellos y los vehículos comerciales para ofrecer la mayor solución de coste-beneficio", añadió Umberto de Pretto.

 

Normas internacionales

Los operadores logísticos y de movilidad transportan camiones, autobuses y autocares entre ciudades. Con el rápido desarrollo de un mosaico de normativas diferentes, las empresas de transporte se enfrentan cada vez más a una compleja red de normas, incluso entre ciudades del mismo país. Los operadores no pueden permitirse invertir en diferentes tecnologías para cumplir los distintos requisitos establecidos por las ciudades, lo que afecta a los costes y servicios de transporte.

IRU también pide que se desarrollen normas armonizadas a nivel mundial, como mínimo a nivel regional, y trabajará con las autoridades y socios para iniciar este proceso.

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