En reiteradas ocasiones esta Asociación se ha dirigido a las Administraciones correspondientes y a la Autoridad Portuaria de Bilbao, denunciando el hecho de que un volumen importante de camiones que prestan servicio de transporte de contenedores en el Puerto de Bilbao realizan dichos servicios con sobrepeso, por encima de los límites legales permitidos, y sin que hasta la fecha nos conste que haya habido inspección alguna por parte, en este caso, de la propia Autoridad Portuaria.
El Art. 77 n º 14 y 15 del REGLAMENTO DE SERVICIO, POLICÍA Y RÉGIMEN DEL PUERTO AUTÓNOMO DE BILBAO recoge expresamente que dentro de sus competencias está el sancionar la Circulación de vehículos y maquinaria con cargas superiores a las autorizadas, tanto totales como por eje, con ruedas, cadenas o llantas metálicas, o en condiciones que supongan peligrosidad.
No cabe alegar falta de competencia, sino poner los medios económicos y de infraestructura adecuados por parte de la APB en el cumplimiento de la obligación para toda Administración de velar por la observancia de la Ley, y en lo concreto como responsable directo de su vigilancia dentro del recinto portuario. Sobre todo, desde el minuto 0 del cargue, y con efectos preventivos, puesto que en ocasiones el transportista sale de la terminal sin poder conocer el peso y bajo “amenaza” de quedarse sin “faena” si se niega, y con el riesgo añadido de denuncia en cuanto sale del puerto.
Salvo que no exista voluntad e interés por perseguir estas infracciones relacionadas, sobre todo, con el transporte en contenedor, o existan quizás otros tipos de intereses más “espurios” que se nos escapen a algunos, haciendo que no sean prioritarios la seguridad y la persecución del fraude fiscal.
Porque otro de los aspectos denunciables es que el transporte con sobrepeso, supone un fraude fiscal muy elevado e importante para la Hacienda Pública, porque los sobrepesos no controlados ni inspeccionados implican un fraude muy importante en términos económicos y fiscales, por las toneladas de mercancía no declarada y que por consiguiente, no paga impuestos y entran y salen de nuestro país “alegremente”, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía en general, que ve como se escapan impuestos que no se pueden invertir en, por ejemplo, servicios públicos que tanto se necesitan y más en los momentos de crisis actuales.
Porque estos hechos no solo ocasionan un grave peligro para la circulación, la seguridad vial, las arcas públicas y una impotencia al transportista obligado, sino que suponen una dejación grave de las responsabilidades de vigilancia y control por quien las tiene para actuar antes de que salgan del Puerto y en su caso trasladar las denuncias a la Administración competente en cada materia.
Y porque entendemos que en otro caso, la APB, incurriría, en responsabilidad subsidiaria por posible omisión y dejación de funciones.
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