editorial Autonomos En Ruta septiembre

Comienza un nuevo curso, después de las merecidísimas vacaciones (que me perdonen los que por uno u otro motivo no han podido disfrutarlas) y como siempre lo hace con muchos interrogantes sobre la mesa de aquí a que acabe el año. 

Digo lo del nuevo curso, no sólo como referencia escolar, sino porque, como todo el mundo sabe, entramos en un periodo de incertidumbre política, que, en el mejor de los casos,  culminará con la formación de un  nuevo gobierno en un par de meses o,  nos llevará a una repetición de las Elecciones Generales   el próximo mes de enero de 2024.  En cualquiera de los dos casos, lo deseable, como ya han manifestado las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) es que se mantenga la línea de trabajo iniciada y que tan buenos frutos está dando,  y que ha empezado a propiciar un cambio estructural de las relaciones entre transportistas y sus clientes, cargadores e intermediarios. 

A veces se nos olvida que,  independientemente de su dimensión, son tan empresarios un  autónomo,  como el dueño de una empresa con mil camiones. Bueno en este último caso, la tendencia es que la titularidad vaya pasando a algún “fondo buitre”, que ya  han olido carnaza.

 ¿Quiere esto decir que todos los males del transporte están en camino de solucionarse? Evidentemente no. Como ha reconocido el propio CNTC, uno de los puntos sobre los que hay que seguir percutiendo es en la Ley de la Cadena de Transporte, en  la subcontratación del transporte, la intermediación de eslabones  que poco aportan y mucho se llevan,  los malos usos  de los tenders, que acaban  desgajados  en manos ajenas, (normalmente de pequeños transportistas  con poca o nula rentabilidad), y tantas otras prácticas  sin sentido, de un sector que se desangra por las costuras. 

¿Quiere esto decir que todos los males del transporte están en camino de solucionarse? Evidentemente no. Como ha reconocido el propio CNTC, uno de los puntos sobre los que hay que seguir percutiendo es en la Ley de la Cadena de Transporte, en  la subcontratación del transporte, la intermediación de eslabones  que poco aportan y mucho se llevan,  los malos usos  de los tenders, que acaban  desgajados  en manos ajenas, (normalmente de pequeños transportistas  con poca o nula rentabilidad), y tantas otras prácticas  sin sentido, de un sector que se desangra por las costuras. 

Pero esto no parece ser un problema para algunos, que no dejan de apuntar a la excesiva atomización del sector, esto es, a la existencia de un gran número de autónomos y pymes, para justificar su propia ineficiencia empresarial. Hablamos de empresas que en su gran mayoría superan de largo los 200 camiones, con conductores de diversos países (normalmente geolocalizados en el este europeo) y a veces con domiciliación comunitaria también por esos lares.  Cuando no, disponen de su propio “caladero” de empleo a base de cooperativas de trabajo asociado creado exprofeso para su uso interno.  Es decir… ya han cubierto todas las “tretas” legales (y alegales también) que les permite la legislación y aún así, no les llega. Habría que mirarse más el ombligo y menos a otras empresas que ni son competencia para ellos, ni siquiera concurrencia, pues normalmente no realizan el mismo tipo de transportes ni trabajan con los mismos clientes.  

Es cierto que conyunturalmente parece que se avecina un cambio de tendencia, marcado por un descenso de la demanda que también arrastrara los precios del transporte a la baja. Eso nos va a obligar a defender aún más la necesaria rentabilidad  que toda empresa necesita para subsistir. También los transportistas, que a veces se nos olvida que,  independientemente de su dimensión, son tan empresarios un  autónomo,  como el dueño de una empresa con mil camiones. Bueno en este último caso, la tendencia es que la titularidad vaya pasando a algún “fondo buitre”, que ya  han olido carnaza, pues mientras haya consumo habrá que transportar las cosas, piensan, y con razón. 

En fin, es momento de defender lo conseguido; ni un paso atrás en la prohibición de carga y descarga, en aplicar la clausula de revisión en función de un gasóleo que vuelve a subir,  en defender plazos de pago legales (ahí está la publicación de los morosos)

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