Acaba este 2016 al que, sinceramente, no sabemos cómo calificar. La economía ha seguido su rumbo ascendente prácticamente por inercia macroeconómica, pues hemos “tirado” prácticamente todo el año con un Gobierno interino, hasta llegar al final de año, entrando en una nueva era con un parlamento mucho más fragmentado, sin mayorías absolutas y que obliga a un necesario diálogo constructivo.
Suena bien...pero lo dicho: en este país no tenemos mucha experiencia en dialogar. De momento, los gestos que nos llegan del Gobierno tienen un talante más conciliador (seguro que no por gusto) como las declaraciones sobre un gran pacto sobre las infraestructuras, para evitar los “dislates” cometidos en otras legislaturas pasadas.
La referencia más clara es, precisamente la que acaba de “estallarle” al nuevo ministro de Fomento. A Íñigo de la Serna, nuevo en el cargo, le ha tocado el desagradable trance de asumir algo que, pese a las reiteradas afirmaciones de su antecesora en el cargo, Ana Pastor, ya sabíamos desde hace tiempo: las autopistas de peaje en situación de quiebra “revertirán al Estado”, una forma suave de admitir que tendrán que rescatar a estas ocho autopistas de peaje, para luego decidir que se hace con ellas.
Pese a las negociaciones que ha mantenido el Ministerio de Fomento en los dos últimos años con los acreedores de las concesionarias, intentando rebajar la cantidad a pagar, lo cierto es que, a día de hoy, Seopan, la patronal de las grandes constructoras calcula que el coste de “revertir” esas autopistas al Estado oscilaría entre los 3.400 y los 5.500 millones de pesetas.
Hay que recordar que el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de estas autopistas, obligado por unos contratos de adjudicación firmados en su día por el Gobierno de José María Aznar, que incluían una cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por la que el Estado tiene la obligación de asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.
Ahí es donde está el verdadero germen de este problema y de muchos otros en este país: una política de concesiones administrativas en las que la racionalidad brilla por su ausencia y donde la única razón para acometerlas parece ser el afán por “beneficiar” a los mismos de siempre.
Sólo así pueden entenderse los datos esgrimidos en su día para justificar estas autopistas radiales que nunca llegaron a cumplirse y que, en el fondo, tampoco importaba..porque el negocio ya estaba hecho.
Tampoco le auguramos una entrada de año tranquila al señor de la Serna si, como todo parece indicar, De Guindos decide echar mano de la Euroviñeta, para cuadrar su particular “tetris de los objetivos de déficit”. Desconocemos cual es la cantidad que podría generar esta nueva tasa para camiones, pero una cosa si está clara: el sector no se va a quedar de brazos cruzados ante una discriminación tan flagrante y tan dolosa para las empresas de transporte. O igual si, y De Guindos lo sabe y por eso teniendo que decantarse por lo malo y lo peor opte por un sector que, aunque nos duela, y pese a que se repita hasta la saciedad que es estratégico y vital para la economía española, cada vez tiene menos capacidad para ejercer la oportuna “presión” en defensa de sus intereses.
Espero como siempre vuestros comentarios.
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