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Pocos meses tan convulsos se recuerdan en el transporte por carretera como los que hemos vivido recientemente. Pero  puede haberse producido un punto de inflexión que cambie la realidad de u sector demasiado acostumbrado a perder.

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Desde mediados del año pasado cuando ya se produjo el primer conato de enfrentamiento entre el sector, representado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y una administración que  se negaba a dar credibilidad a las demandas de un sector que venía sufriendo una degradación progresiva de sus condiciones de trabajo, tanto a nivel laboral como empresarial, y que amenazaba con provocar un colapso de una actividad que, no olvidemos, asume cerca del 95% de las mercancías transportadas en nuestro país.

El principal problema que tiene este sector era, es y seguirá siendo, la escasa rentabilidad de las empresas de transporte, fundamentalmente derivada de una posición contractual totalmente en desventaja frente a sus clientes, los cargadores, que han tenido pocos escrúpulos a la hora de cargar sobre la parte más débil de la cadena logística el ajuste de sus costes. 

Cabe preguntarse ¿De quién es la responsabilidad de haber permitido que llegáramos a esta situación? Pero la respuesta probablemente no nos gustaría, porque lo cierto es que todos los eslabones que intervienen en la cadena de transporte tienen su parte de responsabilidad, incluidas las propias empresas transportistas, sea cual sea su dimensión.  Obviamente, no se puede obviar que las opciones que se le planean a una empresa de transportes a la hora de negociar con su cliente son pocas, muy pocas…básicamente se reducen a “esto es lo que hay, si lo quieres bien y si no…”

En este sentido, los acuerdos firmados en diciembre vienen a poner un “suelo legal” nítido al que las empresas transportistas pueden aferrarse, para defender sus derechos, sin que se cuele siempre la temida coletilla del “pacto en contrario”; temas como la carga y descarga, la aplicación de la clausula de revisión del precio en función de la variación del gasóleo y otras ahora cuentan con una prohibición expresa o una aplicación obligatoria en cada caso.  

Lo que no pueden esperar es que la Administración vaya a negociar con su cargador e imponerle unas condiciones que se ajusten a la ley. Si incumple tendrá que ser el transportista el que denuncie, aunque ahora hay mecanismos para ejercer este derecho de forma anónima, posibilitando la acción inspectora que, a la postre es lo que debe propiciar el cambio de mentalidad entre nuestros cargadores.

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Lo que no pueden esperar es que la Administración vaya a negociar con su cargador e imponerle unas condiciones que se ajusten a la ley. Si incumple tendrá que ser el transportista el que denuncie, aunque ahora hay mecanismos para ejercer este derecho de forma anónima, posibilitando la acción inspectora que, a la postre es lo que debe propiciar el cambio de mentalidad entre nuestros cargadores

 

También se han sentado las bases para empezar a poder hablar sobre la imposibilidad de trabajar por debajo de costes, un trabajo que no va a ser fácil, pero que merece la pena explorar, pues, como hemos dicho, está en el origen de la mayoría de los males de este sector.

Este ha sido el argumento esgrimido por la denominada Plataforma en Defensa del Transporte para plantear un conflicto sectorial que ha mantenido en vilo al país durante quince días, espoleado, no nos engañemos,  por el precio del gasóleo.    En este sentido, esta organización  ha ejercido  como correa de transmisión del descontento de miles de trabajadores,  (los mismos que en otros sectores  sangrados por el alto precio del combustible)  que se han lanzado a  tomar las carreteras y centros de distribución, con métodos no siempre aceptables para forzar y acelerar  la negociación con la Administración.

El problema, a mi modo de ver, es que esta negociación ya estaba en marcha, lo que me induce a preguntarme: ¿Es ese realmente el objetivo perseguido por Plataforma?  Lo cierto es que desde sus primeros comunicados hay siempre una constante: la negación del Comité Nacional de Transportes como interlocutor válido del sector. Una idea que ha calado entre muchos autónomos, pese a no ser del todo cierta. Afirmaciones como  “la Administración sigue negociando con nuestros cargadores (Que son los integrantes del comité nacional de transporte)” o  “la Administración está tratando de imponer a unos interlocutores (Comité Nacional de Transporte) que actores fundamentales dentro del sector (Las pequeñas empresas que aglutinamos el 85% del sector) no damos por válidos y no les reconocemos como Organización representativa para nosotros” han sido una constante en sus apariciones mediáticas.  Pero no son ciertas. Esas organizaciones han aportado la representatividad que acreditan: una autorización de transporte   por cada uno de sus  socios (en el caso de algunas de ellas,  una inmensa mayoría transportistas autónomos). 

 

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