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Diversos estudios señalan que  al cruzar los datos entre  aportaciones fiscales, inversión y costes externos del transporte, el ratio resultante siempre es positivo para el transporte. 

 

Demasiado a menudo, cuando  se plantea pagar por usar las autovías libres, curiosamente sólo se menciona al transporte pesado, como si el resto de los usuarios de las vías “levitaran” por el asfalto sin gastarlo o sin contaminar, o sin hacer ruido, o sin provocar atascos.
Hace bastantes años que desde asociaciones  vinculadas a la carretera, como la Asociación Española de la Carretera, o desde el propio RACE, nos vienen advirtiendo de que la red de carreteras pública acumula un déficit en conservación que amenaza con dilapidar uno de  nuestros más admirados tesoros nacionales:  una de las redes viarias más extensas y de mayor calidad de Europa, que cuenta, además cona extraordinaria red de vías de alta capacidad gratuitas y que, entre otras cosas, han posibilitado la enorme expansión (casi monopolio) del transporte de mercancías por carretera en nuestro país.

Y cada cierto tiempo, un tiempo  que se va acortando poco a poco, de forma directamente proporcional al desfase del déficit presupuestario y de la paciencia de las constructoras  españolas, el Gobierno de turno   abre la “caja de pandora” del llamado “pago por uso” de las infraestructuras. Ya lo hizo en su momento  el Gobierno del Partido Popular, y ahora lo ha retomado el ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez, que aunque se escuden en que se trata solo de un “globo sonda”, de una manera de pulsar a la opinión pública sobre la cuestión, lo cierto es que, más pronto o mas tarde,  mucho nos tememos que acabará convirtiéndose en una realidad, como en otros países de nuestro entorno.

El problema está en que, a menudo cuando  se plantea pagar por usar las autovías libres, curiosamente sólo se menciona al transporte pesado, como si el resto de los usuarios de las vías “levitaran” por el asfalto sin gastarlo o sin contaminar, o sin hacer ruido, o sin provocar atascos. Aquí hay un malo de la película identificado y señalado para que sea quién pague la factura- 1.100 millones de euros anuales en conservación de  las autopistas y autovías gratuitas, según algunas fuentes- y una administración con pocos recursos (y menos ideas) para proponer soluciones alternativas.
 
Eso sin contar con la presión que ejercen las constructoras, un tipo de  empresas que pertenecen a ese “olimpo empresarial divino” que son rescatados cuando su negocio deja de ser rentable, no como el resto de los mortales.  Se deben esta frotando las manos con el negocio que intuyen, toda vez que seamos los usuarios los encargados de financiar el mantenimiento y ellos los que lo lleven a la práctica.
 
El sector del transporte ha hecho los deberes, y desde hace años cuenta con diversos estudios (bastante objetivos) sobre los costes externos que genera y la aportación económica  por diversas vías que llega al Estado desde este sector. Y pese a la evidente  dificultad que entraña el cuantificar aspectos como por ejemplo la aportación de cada modo  al cambio climático, ruido, daños causados por la contaminación en los ecosistemas,  desgaste de las infraestructuras, etc, diversos estudios señalan que  al cruzar los datos entre  aportaciones fiscales, inversión y costes externos del transporte, el ratio resultante siempre es positivo para el transporte. 
 
Y si  nos ceñimos concretamente a la tasa de retorno en cuanto a los impuestos que paga en relación al coste de la infraestructura, este ratio  es de un 140%, es decir, aportamos a las arcas del Estado más dinero del que generamos en gastos por el mantenimiento de esas infraestructuras. Vamos que si de lo que se trata es de pagar por usar…el transporte ya paga con creces lo que usa.
 
  

Como siempre, esperamos vuestros comentarios!

 

 

 

 
 
 
 

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