Hace tan sólo escasos tres meses que concluyeron las negociaciones  entre transportistas y Administración, con la consecución de unos acuerdos, catalogados entonces por ambas partes (aunque con las lógicas reticencias) como “históricos”, y ya se vuelven a oír tambores de guerra  por parte de Plataforma.

 

Me resulta  como poco, incomprensible, a no ser, claro, que entendamos que, en su día, cuando firmaron lo que firmaron, no tenían muy claro el alcance de lo que allí se estaba poniendo sobre la mesa.
Esto explicaría también, el porqué ahora se alude a “nos engañaron”, con la Ley del coste mínimo, una Ley, que dicho sea de paso, ni es Ley, se trata más bien de unos cambios en el articulado tanto del Contrato de Transporte Terrestre como de la LOTT, reflejados en el Real Decreto 3/2022, ni  marca un coste mínimo: sencillamente, porque no existe como tal un coste mínimo genérico. Cada empresa incurre en unos costes propios, que son variables en cada viaje que realiza, en cuya valoración pueden incurrir incluso  factores subjetivos… además todo eso hay que  poder demostrarlo  ante el cliente.  
Y ahí, probablemente, es donde está el error (a conciencia o por desconocimiento) de quien entonces quiso atribuirse un merito que ni era suyo, ni abarcaba tanto como se quiso vender. Cuando se habla de una ley del Coste  Mínimo se está  induciendo al error de pensar (seguro que muchos así lo entendieron) que  habíamos conseguido unas tarifas mínimas (incluso de obligado cumplimiento) y ya en el colmo del optimismo, fijadas en el Observatorio de Costes del Ministerio de Transportes, un estudio de carác- ter meramente informativo. Nada más lejos de la realidad, y quien lo firmó, y de alguna manera presionó para poder alardear de lo conseguido, debería haberlo sabido.

Si a algún transportista le hubieran dicho hace un par de años que se iban a conseguir estos cambios, nos habría tachado de ilusos. Sólo por eso hay que darles una oportunidad,   tener paciencia para que  puedan consolidarse en las relaciones entre transportistas y clientes y poder seguir avanzando… vamos aportar en vez de torpedear.

Culpar ahora al Ministerio de Transportes de que no se está cumpliendo una Ley (que no existe) es intentar desviar la atención de la responsabilidad que cada uno asumió en aquel momento. Los transportistas debían tener claro que no iba a ser el Ministerio quien fuera a las puertas del cargador a exigirle que pague unas tarifas mínimas que cubran los costes de cada uno de los camiones que efectúa un único servicio. NO es su cometido en ese acuerdo: su papel se limita a sancionar al cargador, una vez que el transportista ha demostrado que sus costes para ese servicio están por encima de la tarifa, y ha cursado la denuncia. Vamos que quien sigue teniendo un “papelón” en la relación con su cliente es el de siempre… el transportista efectivo, máxime cuando hablamos de transportistas autónomos o micro pymes.
Sin embargo, no se habla de las otras muchas cosas de igual o mayor trascendencia que se consiguieron arrancar en  aquella negociación: la prohibición de la carga y la descarga por parte de los conductores (que si se está cumpliendo en un porcentaje satisfactorio de momento), la aplicación obligatoria de cláusula de revisión, las paralizaciones….
Si a algún transportista le hubieran dicho hace un par de años que se iban a conseguir estos cambios, nos habría tachado de ilusos. Sólo por eso hay que darles una oportunidad, tener paciencia para que puedan consolidarse en las relaciones entre transportistas y clientes y poder seguir avanzando… vamos aportar en vez de torpedear.

 

 

 

 

 

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