En un sector de actividad como el transporte de mercancías por carretera y en un país como España, la figura del autónomo cobra una especial relevancia, sin la que difícilmente podría entenderse un mercado que, al menos, nominalmente sigue presentado una mayoría aplastante de empresas que funcionan bajo el paraguas del RETA.
Pero... Qué se ha hecho por el colectivo de autónomos en España durante 2015? ¿y qué medidas deberían adoptarse durante este año?
Tras unos cuantos años en los que los efectos de la crisis se han dejado notar, de forma especialmente dramática entre este colectivo, 2015 ha marcado un punto de inflexión general, y en el caso de los autónomos, una inversión de la tendencia de años anteriores, pasando de la destrucción masiva de puestos de trabajo, (en torno a 30.000 empresas de transporte regentadas por autónomos podrían haber desaparecido entre 2008 y 2014) a la aparición de nuevos “emprendedores” que vuelven a ver en el transporte por carretera una actividad “de futuro”.
Según el análisis realizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) a partir de los datos publicados por el Observatorio del Ministerio de Fomento, el número de empresas transportistas regentadas por personas físicas, es decir trabajadores autónomos, era a 1 de febrero de este año de 156.488, lo que representa el 67 % del total de empresas transportistas, que son 235.536. Este dato incluye al transporte de mercancías y de viajeros.
Para Eduardo Abad, delegado de Transporte de UPTA, “este dato confirma la fuerte presencia de los autónomos en el sector, en el que tiene una mayor presencia relativa, y refleja cómo de la evolución de los autónomos va a depender en buena parte la calidad de un servicio que es básico para la economía española y que ha sufrido mucho los efectos de esta crisis”.
Abad espera “que los mejores datos de la evolución económica permitan consolidar estos puestos de trabajo por cuenta propia, aunque para ello será necesario promocionar el consumo interno y asegurar un crecimiento estable de nuestra economía”.
La Comunidad Autónoma con más presencia de empresas de transporte de trabajadores autónomos es Cataluña, con 27.990; seguida de Andalucía, 24.084; Madrid, 22.046 y Canarias, 13.215.
EL CULEBRÓN DE LOS MÓDULOS
Obviamente no se puede empezar este repaso sin mencionar el “culebrón” suscitado durante todo el año a propósito de los módulos. No fue hasta el mes de septiembre cuando el Partido Popular accedió finalmente a defender, en parte, las demandas que desde el colectivo de transportistas autónomos y asociaciones generalistas de trabajadores autónomos habían venido realizándose en los últimos meses. Presentando en el Senado una enmienda a los presupuestos Generales del Estado, en la que se recogía un aumento del umbral de facturación para poder tributar en el régimen de módulos en 100.000 euros y 50.000 euros a empresas. De esta manera, los límites anteriormente establecidos (150.000 y 75.000) se verían incrementados hasta los 250.000 de facturación al año por el conjunto de actividades, equiparándolo a lo establecido para los agricultores, y hasta 125.000 en la facturación a empresas. Un escenario temporal, pues en principio sólo se mantendrá hasta 2017, pero que ha permitido a la práctica totalidad de transportistas autónomos con un solo vehículo seguir tributando en módulos.
MEDIDAS DIRECTAS PARA EL COLETIVO DE AUTÓNOMOS EN 2015
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2015 un año plagado de medidas
Durante 2015 la labor legislativa en el ámbito del trabajador autónomo ha sido intensa. El año pasado nos ha dejado una profusión de medidas encaminadas a mejorar la situación de los trabajadores autónomos, tanto para aquellos que han podido mejorar sus negocios contratando a algún empleado, los que han decidido empezar con la aventura del autoempleo o como para aquellos que, desgraciadamente, han tenido que cerrar y quieren iniciar un nuevo negocio.
Entre todas las medidas adoptadas, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) destacan un conjunto de 18 cuestiones, de las que recogemos las más interesantes en el cuadro adjunto (1) empezando por mejorar las condiciones de entrada a la actividad, con tarifas planas de pago a la seguridad social, y bajada de las retenciones en IRPF, así como cuando inevitablemente tenemos que abandonar nuestro proyecto empresarial, con medidas encaminadas a que no se convierta en una situación irreversible, una condena de por vida. En esta línea se enmarcan medidas como poder compatibilizar la prestación por desempleo y actividad por cuenta propia 9 meses, o reanudar el cobro del desempleo si fracasas en el intento hasta cinco años después de haber emprendido, incluso la capitalización al 100% de la prestación por desempleo para emprendedores que se constituyan en persona física o societaria.
Los autónomos económicamente dependientes (TRADE), de especial trascendencia en sectores como paquetería y mensajería, podrán contratar a un trabajador que les sustituya, en determinados casos como paternidad/maternidad, riesgo en el embarazo o lactancia, y para poder conciliar su vida familiar y laboral.
También con mucha repercusión en el sector del transporte, se estableció que a la bonificación del 50% en la cuota de autónomos durante 18 meses a los familiares colaboradores, (no son pocos los casos en los que conyugue o hijos ayudan en tareas administrativas, etc), le seguirá una del 25% durante los seis siguientes.
El sector reclama también mejoras
En cuanto al colectivo de autónomos que realizan su actividad en el transporte por carretera, 2015 será recordado sin duda por el “año de los módulos”, el céntimo sanitario, de lo que se empezó a pagar, y de los que está por venir, tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, y de un fenómeno que se ha enquistado, desgraciadamente, en este colectivo (y en otros muchos): la morosidad. A fecha de enero de 2016, el 70% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio. Y no sólo eso, sino que se observa un importante incremento respecto al mes anterior en el grado de incumplimiento de los plazos de pago, ya que se situó en 90 días de media en Enero, frente a los 85 días de media en los meses anteriores.
Otro fenómeno que ha marcado el devenir de muchas empresas de transporte durante 2015 y que amenaza con convertirse en habitual, si el próximo Gobierno no se decide a ponerle coto, en este mercado es el “dumping social”. Hace pocas semanas el Comité Económico y Social Europeo reclamaba la “urgente necesidad” de actuar en Europa contra el Dumping social.
El Comité Europeo entiende por dumping social, aquellas “prácticas que pretenden mediante sociedades ficticias eludir las normas de acceso al mercado o que son contrarias a tal normativa con el objetivo de obtener ventajas competitivas”.
No son una excepción las empresas de nuestro país que utilizando “mano de obra con bajos salarios”, mediante el desarrollo de regímenes de empleo complejos y ambiguos, recurriendo a “sociedades ficticias” radicadas en Estados miembros con bajos niveles de protección y normas laborales y sociales diferentes obtienen una ventaja competitiva contra la que es imposible competir.
¿Qué necesitan para el 2016?
Para que 2016 se convierta realmente en el año del despegue definitivo para este colectivo “necesitamos valentía a la hora de seguir apostando por los autónomos y así facilitarles su día a día, eliminando trabas y pagando las cuotas ajustadas al trabajo real de los autónomos”, en palabras de Lorenzo Amor, presidente de ATA.
Desde la federación de autónomos lanzan una serie de medidas que deberían ponerse en marcha durante este año para consolidar el esperado fortalecimiento de este colectivo, que pasaría por cuestiones fundamentales y ampliamente demandadas por este colectivo, en especial el poder pagar por lo que realmente se trabaja pudiendo darse de alta y de baja en Seguridad Social el día real en el que se empieza o deja de trabajar como autónomo, la rebaja del IVA a aquellas actividades que vieron subir el mismo en 13 puntos porcentuales, la tolerancia cero contra la lacra de la morosidad, o que las Administraciones Públicas exijan obligatoriamente un certificado de pago efectivo a toda la cadena de subcontratación por parte de la contrata, en los casos de contratación pública, además de establecer un 20% de recargo automático, no negociable, para cualquier factura que se pague fuera del plazo legal establecido, sea el pagador una administración o una empresa.
También sería interesante poder ahondar en medidas eficaces contra la economía sumergida, y otras propuestas como habilitar un buzón web anónimo donde los proveedores puedan denunciar a quien incumple los plazos de pago y no hace frente a sus facturas en el tiempo que marca la Ley.
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