Los fabricantes europeos de camiones piden retrasar tres años los objetivos de CO₂ de 2030

Los siete principales fabricantes europeos de camiones y autobuses han reclamado, aprovechando el escaparate que brinda  la IAA Transportation de Hannover, el mayor evento de la industria del transporte profesional Europeo y mundial,  un retraso de tres años en el calendario de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ previstos para 2030.

El motivo es simple:  Las marcas consideran que, pese a que ellos si han cumplido y han puesto en el mercado camiones cero emisiones preparados para asumir el transporte por carretera,  la infraestructura de recarga, el acceso a la red eléctrica y las condiciones económicas necesarias para impulsar la venta de camiones de cero emisiones acumulan ya varios años de retraso.

La petición fue planteada conjuntamente por los máximos responsables de los siete fabricantes durante una comparecencia celebrada en la feria alemana. Las compañías aseguran que mantienen su compromiso con la descarbonización del transporte y que ya existe una oferta de vehículos de cero emisiones para las principales aplicaciones, pero consideran que la evolución de las ventas no permite alcanzar el ritmo previsto para 2030.

La posición de los fabricantes se produce mientras la normativa europea establece para 2030 una reducción del 45% de las emisiones medias de CO₂ de los vehículos pesados nuevos respecto a los niveles de referencia. El objetivo aumenta al 65% en 2035 y al 90% en 2040.

Solo el 2,4% de los camiones pesados nuevos son de cero emisiones

Uno de los argumentos utilizados por los fabricantes es la actual cuota de mercado de los vehículos pesados de cero emisiones. Según los datos presentados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), solo el 2,4% de las matriculaciones de camiones pesados nuevos en Europa corresponde actualmente a vehículos de cero emisiones.

La situación es especialmente desigual entre países. En Polonia, España e Italia, la cuota se mantiene por debajo del 1%, mientras que en Alemania alcanza el 4,3% y en Francia el 2,4%.

«Las condiciones necesarias llevan al menos tres años de retraso»

Karin Rådström, presidenta y CEO de Daimler Truck y presidenta del Consejo de Vehículos Comerciales de ACEA, resumió la posición conjunta de los fabricantes durante la comparecencia en Hannover:

«Estamos plenamente comprometidos con el transporte sostenible: se han realizado las inversiones y hoy en día se dispone de una amplia gama de vehículos sin emisiones de CO₂». La directiva considera, sin embargo, que el desarrollo del ecosistema necesario para la electrificación no avanza al mismo ritmo que la tecnología de los vehículos: «Lograr que sean comercialmente viables a gran escala también depende de un ecosistema más amplio que, claramente, va con retraso y aún no se está desarrollando con la suficiente rapidez».

Por ello, los fabricantes reclaman dos actuaciones simultáneas: acelerar el desarrollo de las condiciones necesarias para la electrificación y ampliar en tres años el plazo para el cumplimiento de los objetivos de 2030.

Menos de 2.000 cargadores públicos para camiones

La infraestructura de recarga es uno de los principales puntos señalados por los fabricantes. Según las cifras manejadas por ACEA, actualmente existen menos de 2.000 cargadores públicos adecuados para camiones en toda Europa. La industria considera necesario instalar al menos 700 nuevos cargadores para vehículos pesados cada mes para avanzar al ritmo requerido.

La Comisión Europea y los Estados miembros también están impulsando corredores específicos para camiones de cero emisiones. En junio de 2026, nueve Estados miembros respaldaron dos primeras hojas de ruta para desplegar infraestructura de recarga de camiones eléctricos en los corredores Escandinavo-Mediterráneo y Mar del Norte-Báltico. La Comisión estima que la flota europea de camiones de cero emisiones podría pasar de unos 26.000 vehículos actuales a cerca de 400.000 en 2030.

El problema no se limita, según los fabricantes, al número de puntos de recarga. Las conexiones a la red eléctrica también pueden requerir varios años, especialmente para instalaciones de alta potencia en las bases de las empresas de transporte.

El coste de la energía condiciona la rentabilidad

Los fabricantes consideran que el coste de utilización de un camión eléctrico continúa siendo uno de los factores que condicionan la decisión de compra de los transportistas.

La electricidad necesaria para la recarga, el acceso a potencia suficiente y las inversiones en infraestructura propia forman parte del coste total de explotación. Por ello, las compañías reclaman que las políticas energéticas y de fijación del precio del carbono favorezcan la transición.

En este apartado, ACEA señala también el ETS2, cuya entrada en funcionamiento se ha retrasado hasta 2028. Los fabricantes reclaman que los ingresos procedentes de este sistema y de las tasas de circulación se reinviertan en infraestructura y medidas que faciliten la incorporación de vehículos de cero emisiones.

Peajes y carga útil: otras barreras para el transporte

Otro de los puntos señalados por los fabricantes es la aplicación desigual de los peajes vinculados a las emisiones de CO₂. Según ACEA, este mecanismo solo se aplica de manera efectiva en cuatro Estados miembros.

La industria también reclama cambios en las normas de pesos y dimensiones para compensar la desventaja que pueden tener actualmente los camiones eléctricos en términos de carga útil debido al peso de sus baterías.

En este sentido, la cuestión afecta directamente a la rentabilidad de las operaciones: para que un transportista sustituya un camión diésel por uno eléctrico no basta con que exista el vehículo, sino que su capacidad de carga, autonomía, tiempos de recarga y costes de explotación deben permitir realizar el mismo servicio.

Los fabricantes cuestionan el sistema de sanciones

La petición de retrasar el calendario está relacionada también con las consecuencias económicas del incumplimiento de los objetivos. Los fabricantes consideran que existe una falta de correspondencia entre las obligaciones que recaen sobre ellos y las decisiones necesarias para que los transportistas compren vehículos de cero emisiones. La disponibilidad de infraestructura, los precios de la energía, los peajes y las condiciones de financiación dependen en buena medida de administraciones públicas y otros agentes de la cadena de transporte.

La industria advierte de que penalizar a los fabricantes si las ventas de vehículos de cero emisiones no alcanzan el nivel necesario no resolvería el problema de fondo.

«Si la aceptación en el mercado sigue siendo demasiado baja para que los fabricantes cumplan sus obligaciones de 2030, imponer sanciones por incumplimiento no pondría más camiones de cero emisiones en la carretera».

Según su planteamiento, el riesgo es que las sanciones reduzcan los recursos disponibles para invertir en nuevas tecnologías y capacidad industrial.