El incierto panorama político que vivimos en estos días, parece despertar en la opinión pública cierto grado de incertidumbre que, a decir de unos pocos, estaría ya pasando factura en determinados sectores, como el financiero.
Sin entrar demasiado en este resbaladizo terreno, pues a mi entender la incertidumbre de estos sectores está más relacionada con un cambio en la manera de hacer política que con el retraso del comienzo de la legislatura (recordemos que Bélgica sin ser capaz de formar Gobierno durante un año ha mantenido e incluso mejorado sus datos económicos), lo cierto es que en lo que al transporte se refiere si que va a tener una consecuencia directa: el enésimo retraso del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿O simplemente es indiferente?.
La reforma de la LOTT se aprobó hace ahora dos años y medio, en julio de 2013, y como no podía ser de otra manera estuvo salpicada de luces y sombras. En el haber podemos incluir, la rebaja del importe de las sanciones, la acción directa y la ampliación de la competencia de las Juntas Arbitrales de Transporte. Destacamos en especial la acción directa, ya que ha contribuido a “reequilibrar” mínimamente, la relación transportista-cargador-cliente, a pesar de que ésta sigue siendo tremendamente injusta con los transportistas, siempre el eslabón más débil de la cadena.
En el Debe de esta última reforma de la LOTT, sin embargo, hay un tema de especial trascendencia del que ya hemos empezado a ver sus “daños colaterales”. Me refiero al posible cambio en los requisitos de acceso a la profesión. Como si de un experimento se tratase, el Ministerio de Fomento, decidió entonces escoger el transporte ligero como “conejillo de indias” para liberalizar el acceso a este segmento y ver que pasa. Dos años largos después lo que ha pasado es que, por mucho que algunos se empeñen en desvincularlo, la liberalización del ligero, nos deja unas estadísticas de siniestralidad al alza y, sobre todo, un incremento de la competencia desleal disparada.
Esto podría darnos pistas de lo que podría suponer la tentación de suprimir los requisitos de acceso al sector del transporte como muchos grupos de presión están pidiendo. Una teoría que ha calado en la Comisión Europea que ha enviado recientemente un dictamen motivado a España por no cumplir los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 sobre los requisitos que deben cumplir las empresas para operar en el mercado del transporte por carretera. Uno de los criterios requeridos recogidos en dicho reglamento, es que las empresas dispongan de uno o más vehículos matriculados en el Estado miembro de establecimiento. La normativa española, por el contrario, obliga a las empresas a disponer de, al menos, tres vehículos. La Comisión considera que este requisito es desproporcionado y puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, en una interpretación loable, pero que muestra el profundo desconocimiento de nuestro sector de transporte de mercancías por carretera.
La realidad es que estamos ante un mercado que se caracteriza por el alto grado de atomización, y en el que son precisamente los autónomos los que, como eslabón más débil de la cadena de transportes, acaban asumiendo los desajustes coyunturales y provocando una precarización galopante de las condiciones en que prestan sus servicios. No queremos decir con esto que el mercado debe permanecer “protegido” por reglas de entrada demasiado reestrictivas, pero este paso habrá que darlo con mucho tiento, y, sobre todo, una vez que el resto de mecanismos regulatorios de la actividad, como el cumplimiento de los plazos de pago obligatorios, el control efectivo de la subcontratación, o el cumplimiento de las normas que rigen el mercado de trabajo y la contratación de trabajadores extranjeros, por poner sólo unos pocos ejemplos, se cumplan efectivamente y tengamos un mercado “sano” en el que poner en práctica la liberalización real del sector.
Espero como siempre vuestros comentarios
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