EDITORIAL: De lo urgente y lo importante

Al menos en los dos o tres últimos años las asociaciones de transporte llevan reclamando un cambio sustancial (esto es más que meros parches para sortear la minicrisis del momento) que transforme de una vez por todas la estructura de una actividad claramente dominada por los clientes de las empresas transportistas, en parte gracias a la poca unión del sector a la hora de reclamar lo que le pertenece en la cadena de valor de la logística por carretera.

Ahora, ante el “tsunami” que ha provocado esta tormenta perfecta en la que andamos navegando y que amenaza seriamente con provocar un naufragio masivo dentro del sector, parece que este cambio estructural pretendido por el sector ha pasado a un segundo plano, ante la necesidad de articular medidas dirigidas de manera muy selectiva a reducir los costes operativos, imposibles de aguantar a dos euros el litro de gasóleo. No se libran ni los tramposos, ni empresas buzón, ni cooperativas de trabajo asociado, ni ninguna otra modalidad de dumping social, porque ya no vale con ahorrarse los costes laborales, ahora se trata de pagar la factura del gasóleo, que ya supone más del 40% de los costes directos.

Es urgente, por tanto, articular medidas que puedan proteger eventualmente al sector (el tiempo que sea necesario) de tan increíble y artificial subida de costes, porque si no lo demás no importará. Pero hay que preguntarse también: ¿Es siempre lo urgente lo más importante? Yo creo que no

Importante es, aprovechar el momento, como ha hecho el Comité Nacional de Transporte por Carretera para arrancar una serie de mejoras que deben servir para cambiar el rumbo de un sector que, de otra manera, no tiene un futuro muy prometedor. Coincido con aquellos que piensan que ahora son   las empresas las que tienen que abanderar este cambio, y hacer uso de las mejoras que han supuesto los acuerdos en algunos aspectos en especial la obligatoriedad de aplicar la cláusula de revisión del precio, en función de la variación del gasóleo, por no hablar de la aplicación de la Ley de la cadena Alimentaria al Transporte. Estas medidas van a proporcionar un “paraguas normativo” para que se pueda exigir una redistribución más justa de la cadena de transportes, pero la responsabilidad va a recaer en las propias empresas porque  “No va a venir nadie a subir las tarifas en nuestras empresas”, en palabras de un conocido dirigente sectorial y empresario. O como reclama Víctor González, presidente de Fetransa: “No podemos estar lamentándonos todo el rato, la norma está ahí y debemos aplicarla”.