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Las consecuencias de este incumplimiento flagrante de la Ley de Morosidad pueden ir desde un sobrecoste en el ejercicio de su actividad, hasta poner en riesgo la continuidad de la empresa

El 65% de los pagos que se realizan a las empresas transportistas por parte de sus clientes incumplen la legislación vigente en materia de morosidad al superar el plazo máximo de 60 días a contar desde la realización del servicio. Eso es al menos lo que se desprende de los datos recabados por el Observatorio de la Morosidad, que constanta, no obstante, una leve disminución respecto al mes anterior en el grado de incumplimiento de los plazos de pago, ya que se situó en 79 días de media el pasado mes de Enero, frente a los 81 días de media en el mes anterior. Durante el año 2019, el plazo medio de pago anual se situó en 80 días de media.

Se trata de una cuestión que parece  tristemente aceptada por todos, incluso la Administración competente, pues no ha dotado a la actual Ley de Morosidad de su correspondiente régimen de sanción de los incumplimientos, puede llegar a convertirse en un problema grave para las empresas afectadas (dos de cada tres).

José Carlos López Jato, vicepresidente de la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa), señala que esta morosidad intrínseca que sufre el sector tiene dos consecuencias fundamentales para el trabajador autónomo: un sobrecoste en el ejercicio de su actividad y un riesgo para la continuidad de la misma.

“La morosidad nos supone un importante coste financiero, pues nos vemos obligados a utilizar determinadas líneas de crédito u otro tipo de productos, para conseguir el efectivo que necesitamos y poder continuar con el ejercicio de nuestra profesión” explicó López. Y es que, pese a el trasportista tenga que esperar cerca de 80 días a cobrar, los costes que soporta siguen acumulándose y no esperan, razón por la que muchos profesionales se ven obligados a recurrir a la financiación bancaria.

Estimando un interés medio para las líneas de crédito entorno a un 6% “si el autónomo solicita una de 7.000 euros (pensando en la facturación de un transportista de ligero), tendría que devolverle al banco 420 euros extra” afirma Jato. Si tomamos el mismo ejemplo para un autónomo que trabaja con vehículo pesado la cantidad sería aún mayor.

Pero además, la morosidad puede derivar en impago, una situación mucho menos probable, no superior a un 2% de los casos, según el vicepresidente de Fetransa, pero altamente peligroso, incluso para la continuidad de la actividad, sobre todo en aquellos casos en los que el transportista autónomo solo trabaja para uno o dos clientes

Durante los años de la crisis y la posterior recuperación económica no fueron pocos los profesionales que, “pese a haber realizado y gestionado bien su negocio, la empresa para la que estaban trabajando no, y cuando llegó el momento de cobrar las facturas pendientes, la empresa no les pagó y tuvieron que abandonar. Muchos perdieron junto con el camión, la casa” asegura López Jato .

El “pacto en contra”

Desde Fetransa han puesto el foco en este “anacronismo normativo” que es además una reivindicación histórica del sector, y que no persigue sino la modificación de la Ley de Contrato de Transporte Terrestre para eliminar el pacto en contrario,, una posibilidad que está siendo utilizada en todas las negociaciones entre las partes entre transportistas y cargadores, en aspectos como los plazos de pago, aunque también en otros de igual importancia como la prohibición de carga y descarga o la aplicación de la cláusula de revisión del precio del carburante.

En la práctica, la existencia de esta cláusula en la negociación entre el cargador y el transportista “que son la parte fuerte contra la débil, respectivamente, posibilita que normalmente, las condiciones del contrato son más ventajosas en ambos aspectos para el primero, que para el segundo. Una desventaja que hace que muchos autónomos se vean obligados a pactar por encima de los plazos estipulados por la Ley de morosidad", señala José Carlos López Jato.

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