ATA y UPTA han trasladado la propuesta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al igual que se ha hacho con los ERTES
La situación para el colectivo de los trabajadores autónomos mejora con las medidas de relajamiento del confinamiento, pero a día de hoy todavía hay casí un 30% de autónomos que no han podido abrir sus negocios y los que si lo han hecho, padecen todavía un descenso muy drástico de ingresos. En este contexto, ATA y UPTA han trasladado al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, una propuesta acordada por ambas organizaciones solicitando y la continuidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma y del periodo de desescalada, como ya se ha hecho con los ERTES.“Como ya le trasladamos en la reunión interministerial hemos optado por mantener supuestos vinculados a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como, al criterio de descenso de los ingresos”, afirman fuentes de ambas organizaciones..
Por otro lado, también han pedido no referenciar la continuidad de la prestación a los CNAES, ya que “una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en el que se desarrolla”, entendiendo que esta aplicación “podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios en los mismos”.
También se ha optado por que la prestación extraordinaria correspondiese a periodos trimestrales, con el fin de facilitar a las Mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones trimestrales de tributos.
El grave problema de los “moduleros”
Por otro lado, ATA está denunciando que algunas mutuas están poniendo trabas al pago de los subsidios decretados en el mes de marzo por haber sufrido pérdidas superiores o iguales al 75% de su facturación, uno de los supuestos que habilitaban la solicitud de subsidio. Según esta federación, algunas mutuas han empezado a solicitar la documentación que justifique la caída de ingresos superiores al 75% que les da derecho a acceder a la prestación. Básicamente, lo que se les está solicitando es que justifiquen las pérdidas que mantuvieron durante el mes de marzo y, si fuera necesario, o bien modifiquen el periodo de cobro de la prestación, o bien renuncien a ella -y devuelvan el posible pago que ya hayan recibido referente al mes de marzo-.
Sin embargo, entre algunos colectivos afectados, especialmente los taxistas, esta petición de acreditación va a resultar imposible, por dos motivos: primero porque se trata de un colectivo que, en su gran mayoría, tributa por el régimen de módulos, un sistema en el que la propia ley no les obliga a portar ningún libro contable o documentación que demuestre los ingresos que han percibido en cada mes.
Por otro lado, aunque la pudieran aportar, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de autónomos en marzo trabajaron al menos, durante diez días con relativa normalidad, por lo que las pérdidas de este mes difícilmente superarían el 75% exigido.
Por otro lado, aunque la pudieran aportar, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de autónomos en marzo trabajaron al menos, durante diez días con relativa normalidad, por lo que las pérdidas de este mes difícilmente superarían el 75% exigido.
Declaración jurada
El problema que tuvieron algunos autónomos al comienzo de la pandemia, fue que, por diversos motivos, uno de ellos precisamente el de tributar en módulos, no podían acceder a la prestación por Cese de Actividad extraordinario. Entonces el Gobierno dio vía libre a los autónomos para acceder a la prestación tan sólo haciendo una declaración jurada de haber sufrido pérdidas iguales o superiores al 75% de su facturación, pero al tiempo preveía que las mutuas pudieran verificar más adelante dicha caída en la facturación que, como está sucediendo ahora, para algunos es imposible de acreditar.
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