Hacienda intenta frenar devoluciones millonarias a petroleras por el impuesto de hidrocarburos

El Ministerio de Hacienda ha dado un giro relevante en el litigio sobre el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos tras la actuación de la Abogacía del Estado, que ha presentado un incidente de nulidad contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo. Dicha resolución reconocía a una petrolera el derecho a recuperar 155 millones de euros correspondientes al periodo 2013-2018, tras la declaración de ilegalidad del gravamen por parte de la justicia europea.

La iniciativa del Ejecutivo busca frenar el efecto dominó que podía derivarse de este fallo judicial. De mantenerse el criterio del Alto Tribunal, el impacto potencial para las arcas públicas superaría los 5.000 millones de euros, al abrir la vía a reclamaciones similares por parte de las principales compañías energéticas.

Una sentencia dolorosa para el transporte

El movimiento de Hacienda supone un cambio de posicionamiento tras meses de críticas por la falta de reacción institucional ante una sentencia que el sector del transporte consideraba especialmente lesiva. El núcleo del conflicto reside en determinar quién soportó realmente el impuesto: si las petroleras o los consumidores finales, entre ellos miles de transportistas..

El Tribunal Supremo reprochó en su fallo que la Administración no acreditara que las compañías repercutieron el impuesto en el precio final del carburante. Esta ausencia de prueba fue clave para reconocer el derecho a la devolución a la petrolera demandante.

Sin embargo, desde algunas asociaciones de transporte, Fenadismer entre ellas, se sostienen que el impuesto fue trasladado íntegramente al precio en surtidor, siendo asumido por empresas transportistas y ciudadanos. De ahí que el posible reembolso a las petroleras se interprete como un supuesto de enriquecimiento injusto.

“Doble cobro” del impuesto por las petroleras

El debate jurídico gira en torno a un principio básico de justicia tributaria: evitar que un mismo importe sea recuperado por quien no lo soportó económicamente. De confirmarse la interpretación inicial, según la opinión de Fenadismer, las petroleras podrían beneficiarse de una doble vía de ingresos: primero mediante la repercusión del impuesto en el combustible y posteriormente mediante su devolución por parte del Estado.

La actuación de la Abogacía del Estado pretende precisamente corregir este escenario, al considerar que la sentencia podría generar un agravio comparativo y un perjuicio económico significativo para el erario público.

Un proceso aún abierto

El procedimiento entra ahora en una fase clave. Será el propio Tribunal Supremo quien deba decidir si admite el incidente de nulidad y revisa su criterio anterior. De hacerlo, se abriría la puerta a replantear el reparto de responsabilidades sobre el impuesto declarado ilegal.