Paralizados 1.000 millones de euros para conservar más de 3.600 kilómetros de carreteras estatales

La licitación de varios contratos de 1.006 millones de euros autorizados por el Gobierno para la conservación de carreteras ha quedado paralizada tras la interposición de un recurso especial por parte de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX).

La suspensión afecta a los procedimientos de contratación impulsados por la Dirección General de Carreteras y se mantendrá hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resuelva la impugnación. La inversión había sido autorizada por el Consejo de Ministros en junio y se distribuye en seis expedientes y 29 lotes, destinados a la conservación de unos 3.670 kilómetros de carreteras estatales, incluidos 2.261 kilómetros de autovías.

Los contratos afectan a 20 provincias de diez comunidades autónomas: Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, La Rioja, Asturias, Galicia y Andalucía.

ACEX cuestiona los nuevos criterios de adjudicación

El recurso presentado por ACEX cuestiona las condiciones establecidas por el Ministerio de Transportes para adjudicar los contratos. La asociación considera que los nuevos pliegos pueden vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público y sostiene que generan dificultades para que las empresas puedan valorar adecuadamente los costes asociados a la prestación del servicio.

Entre las cuestiones planteadas figura la ausencia, según ACEX, del desglose obligatorio de determinados costes directos, indirectos y salariales por género y categoría profesional.

La organización empresarial reclama la anulación de los pliegos y que el procedimiento vuelva al momento anterior para que la Administración pueda elaborar unas nuevas condiciones de contratación.

Nuevo modelo de contrato de conservación

El conflicto se produce después de que el Ministerio haya introducido un nuevo modelo de contratos mixtos de servicios y obras para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.

El sistema busca integrar en un mismo contrato las labores de mantenimiento ordinario y determinadas actuaciones de obra, además de incorporar objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones.

Los contratos tienen inicialmente una duración de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses. Entre las tareas previstas se encuentran la atención de incidencias, la vialidad invernal, la vigilancia de las carreteras, la gestión de la vialidad y el mantenimiento de los diferentes elementos de la infraestructura.

CETM pide desbloquear cuanto antes la conservación

La paralización ha generado preocupación entre las empresas de transporte de mercancías. La CETM considera necesario que Administración y empresas de conservación resuelvan sus discrepancias por las vías correspondientes, pero reclama que el procedimiento se desbloquee para evitar que los usuarios de las carreteras y el transporte de mercancías terminen asumiendo las consecuencias.

La organización recuerda que el transporte por carretera utiliza de forma intensiva la Red de Carreteras del Estado y que el estado de conservación de las vías tiene una incidencia directa sobre los costes de explotación.

El deterioro del firme, las deficiencias de señalización o las limitaciones derivadas de obras y problemas de mantenimiento pueden traducirse, según la patronal, en mayores tiempos de viaje, incremento del consumo de combustible, desgaste de los vehículos y aumento de los costes de transporte.

La CETM reclama además una planificación estable de la conservación de la red viaria y considera que el mantenimiento debe abordarse como una política a largo plazo, con recursos suficientes para actuar antes de que el deterioro obligue a realizar intervenciones de mayor coste.

1.006 millones para una red de 3.670 kilómetros

El Ministerio justificó entonces la inversión por la necesidad de garantizar las condiciones de circulación y seguridad de la red, incluyendo actuaciones de conservación ordinaria, gestión de incidencias y vialidad invernal.

El nuevo modelo incorpora asimismo medidas relacionadas con la eficiencia energética y la descarbonización. Los adjudicatarios deberán presentar un plan de descarbonización durante los primeros seis meses del contrato, con medidas destinadas a reducir y compensar las emisiones asociadas a la actividad.

La suspensión se produce, por tanto, antes de que estos contratos puedan desplegarse plenamente. Su futuro queda ahora condicionado a la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que deberá pronunciarse sobre el recurso presentado contra los pliegos.

El sector de la conservación viene reclamando desde hace años un aumento de la inversión. ACEX estima que las carreteras españolas requieren unos 5.000 millones de euros anuales para su correcta conservación: 2.000 millones para la red estatal, otros 2.000 millones para las carreteras autonómicas y 1.000 millones para las vías provinciales.