A diferencia de la empresa, cuyas deudas mueren con la liquidación, la persona física las mantiene durante 15 años, periodo que el acreedor suele alargar indefinidamente con certificaciones que interrumpen la prescripción.

El Gobierno quiere acabar con el miedo al fracaso que muchas veces coarta la iniciativa de los trabajadores autónomos, tras fracasar en un proyecto previo. La prioridad es que el autónomo continúe su actividad y no se vea abocado a no poder volver a intentar un nuevo emprendimiento debido a las deudas que tendrá que arrastrar durante mucho tiempo. Es un mecanismo que, en definitiva, permite una segunda oportunidad.

Para ello, y siguiendo la filosofía americana del “fresh start”, o derecho al fracaso en español, el ejecutivo   está ideando un plan que permitirá a los autónomos solicitar una quita de sus deudas, al menos, de las contraídas con organismos oficiales, al cerrar su empresa. Consistirá en un procedimiento de insolvencia para los empresarios “personas físicas” que incluiría un plan de pagos y quitas y esperas con Hacienda y Seguridad Social. Este derecho al fracaso y con ello la pérdida del miedo a emprender por la posibilidad de contraer deudas, es una medida que llevaban reclamando desde hace bastante tiempo distintas plataformas de emprendedores.

El Ministerio de Economía quiere establecer la norma con carácter urgente mediante un Real Decreto-Ley que entre en vigor a partir del mes de abril. La norma también desarrollará el proceso concursal del autónomo, donde se habilita un plan de pagos y amplía quitas y esperas con Hacienda y Seguridad Social.

Desde el ministerio de Economía se reconoce que " a la vista del  nivel de endeudamiento de autónomos y pymes, parece necesario profundizar en un mecanismo de segunda oportunidad que les permita, de forma eficaz y rápida, una liberación de sus deudas, garantizando la continuidad de su actividad.

No obstante , también está previsto  que se complemente  con una serie de medidas tendentes a evitar que su “utilización y aplicación se realice en fraude de los acreedores”, teniendo en cuenta “los significativos efectos jurídicos que este mecanismo produciría”.

De esta forma, los autónomos podrán solicitar una quita de sus deudas al cerrar su empresa, poniendo punto y final a la insolvencia del liquidador, haciendo una liquidación y/o dación en pago generalizada de sus bienes, siempre adoptando cautelas determinadas (deudor de buena fe, inexistencias de condenas firmes y colaboración durante el concurso).

El Ministerio prevé que el procedimiento previo de insolvencia consten de vía judicial y extrajudicial (privada), y se aplicaría a autónomos y pymes con un pasivo inferior a cinco millones de euros y que no supere la cifra de 20 acreedores.

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